Dayrí Blanco/@DayriBlanco07
Abrir el grifo. Eso es lo primero que hace María Teresa Rodríguez cada mañana. La mayoría de las veces respira profundo y se lamenta. Ya no le pide a su hijo que revise por internet el horario del plan de abastecimiento de Hidrocentro. Nunca se cumple. Así que no tiene más opción que caminar cinco cuadras con su tobo a cuestas para hacer la cola en la canal de Santa Ana y llevar agua a casa de la toma ilegal dispuestas por los propios vecinos de Morón. En el litoral carabobeño la crisis es aguda y la solución cuesta 12 millones de dólares que el sector privado está dispuesto a invertir pero no se cuenta con el apoyo del Gobierno que es quien maneja las divisas en el país.
Una planta desalinizadora. Solo eso bastaría para que los 270 mil habitantes de Puerto Cabello y Morón tengan un suministro sin interrupciones en el servicio al aprovechar el agua de mar y convertirla en apta para el consumo humano. Angelo Madolfo, ex presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, explicó que las industrias agremiadas financiarán la compra si desde el Ejecutivo se le da la oportunidad de comprar los dólares a tasa protegida de 10 bolívares.
En seis meses se contaría con el equipo ya instalado una vez hecha la compra. Se procesarían 250 litros de agua por segundo y la empresa contratista se encargaría del mantenimiento de manera gratuita por dos años. La planta desalinizadora podría estar ubicada en el sector de Guaiquiquí, donde hay terrenos pertenecientes al Gobierno que permitirían empalmar el agua procesada a la tubería de aguas blancas ubicada a un kilómetro aproximadamente.
Actualmente el litoral depende de la represa de Canoabo que se encuentra seca y sus microcuencas han mermado su capacidad de agua, mientras que el trasvase del río Temerla, ubicado en Yaracuy, que en sus inicios aportaba 1 mil 800 litros de agua por segundo, se paralizó en 2005 por el deterioro en los sistemas de bombeo.
Los otros medios de suministro de agua del que dependen estas poblaciones son los pozos subterráneos y la toma del río Miquija; pero ambos dependen de existencia de agua en los afluentes subterráneos que, como consecuencia de la sequía, se encuentran al 20% de su capacidad.
