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Luis Alejandro Borrero |@LABC7

El sistema judicial a veces funciona como una comparsa de samba. En julio de 2013, Julio Chávez, entonces diputado de la Asamblea Nacional (AN) acudió al Ministerio Público para acusar a Leocenis García, director del grupo 6to Poder, de una defraudación tributaria. Pero las comprobaciones escasean, y quienes pagan son los periodistas. “6to Poder atraviesa una grave situación por las serias irregularidades de tribunales y personeros del Gobierno”, dijo este miércoles Giselle Suárez, abogada del grupo.

Suárez acudió a la Comisión de Medios de Comunicación de la AN para aclarar y denunciar la persecución contra Leocenis García. “Se le acusa de haber abierto una cuenta en el extranjero por más de tres millones de dólares, pero díganme ustedes, qué banco permite abrir una cuenta por ese monto sin siquiera una firma, una foto”. Aún así, García fue imputado por legitimación de capitales, operaciones ilícitas cambiarias y evasión fiscal, relató la abogada.

Pero el servicio de migración y extranjería comprobó que Leocenis García no salió del territorio en las fechas denunciadas como irregulares. Suárez calificó la comprobación como el argumento más sólido para decir que a García se le acusa de manera política. “Su delito es haber dicho las cosas como son de este Gobierno. Ahora se le violan sus derechos y el de sus trabajadores, quienes fueron sacados de la redacción y encarcelados”.

Efraín González, un supuesto informante del caso contra Leocenis, habría recibido un documento en el que se advertía que García supuestamente quería causar desequilibrio al Estado. Los alcaldes de Bogotá, Enrique Peñaloza, y el presidente Álvaro Uribe, habrían dado a García presuntas coordenadas para generar crímenes y desestabilización. “Pero este informante, a estas fechas y a pesar de las comunicaciones, no tiene rostro, no se le conoce”.

Gastón Guisandes, diputado del período anterior, envió una comunicación al Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) para que este le suspendiera de inmediato la venta de papel a 6to Poder. “En este caso se demuestra cómo el régimen ha utilizado el Poder Judicial para reprimir”.

Olivia Lozano, vicepresidenta de la Comisión de Medios de la actual AN, respaldó a Suárez diciendo que en Venezuela el Poder Judicial es un actor político del Gobierno. Informó que el caso de 6to Poder sería remitido a la comisión de Política Interior para su estudio, propuesta con la que todos los diputados presentes estuvieron de acuerdo.

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