El diario español ABC realizó un trabajo periodístico donde
hace un recorrido por los acontecimientos en torno a la actual crisis económica de Venezuela. En el escrito se
asegura, además, que en el país caribeño no ha ocurrido un estallido social
debido a la dificultad que tiene la oposición para canalizar el descontento de
la población.
Venezuela atraviesa el peor año de su historia económica, lo
que está agravando aún más la ya difícil situación social que vive el país. A
partir de mañana se aplicarán regularmente cortes de luz diarios de cuatro horas,
una precariedad que se suma a una escasez de alimentos básicos que llega al 82
por ciento. El 73 por ciento de los hogares ha caído bajo el nivel de pobreza,
de acuerdo con un estudio de varias universidades.
Cuando Hugo Chávez se amotinó contra el presidente
socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992, la inflación de
Venezuela era del 31 por ciento, la más baja en un lustro. Este año la
inflación será unas 25 veces mayor –puede alcanzar el 720 por ciento– y quedará
pulverizada comparada con el 2.200 por ciento que se prevé para el cierre de
2017, de acuerdo con las previsiones presentadas la semana pasada por el Fondo
Monetario Internacional (FMI). A la intentona de 1992 se llegó con un
crecimiento económico del 9,5 por ciento, mientras que ahora Venezuela va a
encadenar varios años de contracción: el FMI prevé que la economía venezolana
caiga un 10 por ciento en 2015.
Chávez y quienes les secundaron en su golpe fallido
(llegarían al poder por las urnas en 1999) alegaron el cuadro macroeconómico
para intentar derribar al presidente constitucional. También adujeron la
corrupción que se había instalado en una república en la que democristianos y
socialdemócratas se repartían a turnos el gobierno. Hay consenso en que la
corrupción hoy sobrepasa con creces a la de entonces. La organización
Transparencia Internacional sitúa a Venezuela como el país más corrupto de
Latinoamérica; en 2015 fue el noveno más corrupto del mundo, tras estados como
Somalia, Corea del Norte, Libia o Guinea Bissau. Además está el hundimiento de
la petrolera nacional, Pdvsa.
Falta de inversiones
El veterano economista José Toro Hardy indica que la
compañía tiene una deuda financiera de 46.000 millones de dólares y una deuda
comercial de 35.000 millones, además de otros 16.000 millones de pasivo, de
forma que el pasivo total supera al activo. «Tengo dudas de que Pdvsa sea
salvable», afirma. La falta de inversiones en los pozos, por otra parte, ha
llevado a una ineficiencia en la extracción del crudo que supone desperdiciar
cada año una cantidad de gas similar a la que consume España, según
estimaciones gubernamentales españolas.
Aunque el Gobierno señala el descenso del precio del
petróleo como causa de los problemas económicos del país, Toro Hardy advierte
de que la evolución de la economía venezolana demuestra que las épocas de mayor
crecimiento no fueron cuando el precio del petróleo era más alto. «Cuanto más
bajos eran los precios, más se crecía porque obligaba a mayores inversiones en
el sector y eso tenía un efecto multiplicador en otro sectores», afirma. «La
caída del precio del petróleo, por tanto, no es la razón de lo que pasa ahora»,
concluye. Y añade que «los precios altos fortalecieron al Gobierno, pero no al
país».
Aún no ha habido un estallido social por la dificultad de la
oposición para movilizar el enfado y el control del Gobierno.
La profunda crisis de Venezuela podría apuntar a un
estallido social que, de momento, no se ha producido. Como motivos se aducen el
propio carácter de los venezolanos, poco proclives al conflicto; la dificultad
de la oposición para movilizar el enfado, y la intimidación y control ejercidos
por el Gobierno. Ese control lo lleva a cabo el chavismo mediante la
distribución de los alimentos del racionamiento en los sectores pobres que son
más afines ideológicamente, cuya desafección podría provocar una revuelta, de
acuerdo con una fuente que anteriormente se ocupó en el Gobierno de garantizar
la alimentación a las bases chavistas. Esta persona calcula en menos de dos
millones de individuos el objetivo prioritario en esa política del presidente
Maduro.
Paralelamente, el Gobierno está tolerando que haya empresas
que coloquen en el mercado algunos productos que no respeten el precio oficial.
Son productos al alcance de pocos por su alto precio, pero al menos eso reduce
algo el problema de abastecimiento de una parte de la población.
Pero esas medidas no bastan para resolver la crisis. «Para
salir de la crisis el primer paso será requerir el apoyo de la comunidad
financiera internacional», manifiesta Antonio de la Cruz, responsable de un
análisis quincenal independiente sobre las reservas internacionales de
Venezuela. Estas se encuentran en apenas 12.888 millones de dólares, el nivel
más bajo desde finales de 2002. De esa cifra, solo 410 millones corresponden a
reservas líquidas. De la Cruz destaca que la ayuda financieras de entidades
como el FMI solo llegará si el Gobierno se compromete a ciertas reformas, hasta
ahora rechazadas por Maduro.
Maduro adeuda 8.000 millones a las empresas españolas
Las empresas de España instaladas en Venezuela piden
prudencia al Gobierno de Rajoy para evitar una escalada de tensión entre ambos
países que acabe perjudicando los intereses comerciales españoles, de acuerdo
con fuentes gubernamentales. Las propias compañías están procurando mantener un
perfil bajo, que no dé ocasión a una confrontación que lleve a una ruptura
diplomática.
Tienen muy mal recuerdo de la tensión vivida en febrero de
2015, uno de esos momentos en que Maduro acusó a España de estar tras una
conspiración para echarle. Entonces los representantes en el país de
Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá fueron convocados
de urgencia al palacio presidencial. Allí se les avisó de que si no presionaban
a Rajoy para que cesara en sus ataques al chavismo, serían castigados con una
expropiación inmediata.
No hubo expropiaciones, pero la misma situación económica ha
complicado las cuentas de esas empresas, que padecen un creciente endeudamiento
por parte de las autoridades venezolanas, cuyo monto asciende a 8.000 millones
de dólares.
