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AFP

Cruzar para abastecerse de alimentos y medicinas, reponer
inventarios o comprar neumáticos. Los venezolanos que habitan en la frontera
con Colombia celebran la reapertura del paso como una oportunidad para mitigar
los rigores de la severa escasez que afecta al país.

Una semana después de que Venezuela y Colombia
reabrieran el cruce peatonal en la frontera, cerrada por Caracas hace
exactamente un año, habitantes de las
zonas limítrofes se muestran esperanzados en que la situación mejorará para
ellos.

Antonio Andrade, comerciante de 47 años en San Antonio
(estado Táchira), dijo a la AFP sentirse mucho mejor y con ganas de seguir
trabajando desde que las autoridades binacionales reabrieron el cruce.

“Tengo un negocio de venta de ropa y el cierre me pegó
duro, pero no puedo seguir quejándome. Aunque
ahora haya más controles, solo pido que nos dejen trabajar y vivir en paz
“,
afirmó.

En una reunión el 11 de agosto en Puerto Ordaz, los
presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, y Juan Manuel Santos, de
Colombia, acordaron habilitar el cruce peatonal entre ambos países durante 15
horas diarias como parte de una estrategia de apertura gradual de la frontera,
de 2.219 km.

Para regular el paso,
las autoridades colombianas diseñaron una “tarjeta migratoria”,

que recoge los datos de identificación, motivos de viaje y autoriza el ingreso
a la ciudad colombiana de Cúcuta y otros sectores limítrofes.

Con ocho meses de embarazo, Karla Rosales cruza la frontera
a pie para comprar pañales y leche, productos desaparecidos de los anaqueles en
Táchira, en medio de un desabastecimiento que afecta a 80% de los alimentos y
medicinas en Venezuela, en crisis por el desplome de los precios del
petróleo.

Esta repostera de 28 años dice estar “alegre” porque
en Cúcuta también puede comprar los ingredientes que requiere para preparar
tortas, su fuente de sustento, “aunque salga más costoso por el cambio de
la moneda”.

Sólo en los tres
primeros días de apertura, más de 127 mil venezolanos ingresaron a
Colombia
-la gran mayoría en busca de alimentos y otros productos-, según la Subdirección
de Control de Migración colombiana.

Ahora Caracas y Bogotá evalúan abrir el paso para
automóviles particulares y vehículos de carga pesada, indispensable para que se
normalice la actividad comercial en la frontera, informó esta semana el
gobernador de Táchira, José Vielma Mora.

 “¿Qué se arregló con esto?”

El presidente venezolano ordenó cerrar la frontera a raíz de
un ataque armado contra una patrulla militar, que dejó tres heridos y que
atribuyó a paramilitares colombianos.

Maduro también argumentó que la frontera servía al
contrabando -especialmente de gasolina venezolana, la más barata del mundo- y
bandas criminales ligadas al narcotráfico, por lo que ahora acordó con Santos
intercambiar información aduanera para enfrentar esos problemas.

Pero analistas y
sectores políticos de oposición advierten que aún no se ha detenido el
contrabando
. Por su parte, la patronal Fedecámaras asegura que el cierre
ocasionó la quiebra de muchos comercios venezolanos fronterizos, con la pérdida
de al menos 15 mil empleos.

Como parte de los operativos de seguridad para desmantelar
las mafias fronterizas, las autoridades
venezolanas desalojaron y demolieron viviendas construidas en terrenos
invadidos.

Una de esas casas
pertenecía a Clemencia Suárez
, una colombiana de 56 años que llegó hace dos
décadas a Venezuela, y es madre de tres hijos. Ahora vive con familiares
en una vivienda en San Antonio.

“Para mí esto ha
sido una pesadilla. Perdimos todas nuestras cositas y de un día para otro
tuvimos que irnos como delincuentes”,
contó a la AFP.

“¿Con qué dinero vuelvo a levantar una pared? Mi casa
no era un rancho, ya teníamos paredes de cemento y fue marcada con una letra
(para derribarla). Que alguien me diga qué se arregló con esto”, añadió.

El cierre de la frontera provocó la deportación y éxodo de
miles de colombianos. Según cifras citadas en un informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de agosto a septiembre de 2015 1.482
colombianos indocumentados fueron deportados por las autoridades venezolanas y
unos 20 mil retornaron por miedo a ser expulsados.

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