El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifiestó su preocupación por lo ocurrido estos días previos al llamado de la oposición democrática venezolana del 1 de septiembre, donde se han recibido denuncias que demuestran el recrudecimiento de la represión y de las violaciones de Derechos Humanos. Se pretende criminalizar la protesta, se amenaza con inhabilitar a partidos políticos, y se criminaliza la actuación de diputados de la Asamblea Nacional y activistas de la sociedad civil, acciones que dejan serias dudas de que al gobierno venezolano le interese un diálogo serio y constructivo para salir de la crisis en la que ha sumergido a Venezuela.
En un comunicado de la OEA se reiteró la preocupación frente al creciente deterioro institucional registrado en Venezuela y -en este contexto- hace un llamado a que las manifestaciones y marchas previstas, al amparo del legítimo derecho de reunión y de expresión de la voluntad popular, se desarrollen de modo pacífico y en el clima de convivencia necesario.
Almagro llamó al inmediato cese de las medidas arbitrarias e impunes que tienen como objetivo deliberado la intimidación de líderes opositores y de la población en general a escasas horas de la marcha prevista.
Entre estas medidas se ha registrado:
• El traslado a prisión del ex-Alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, medida dispuesta sin las mínimas garantías civiles ni criterios objetivos, lo que constituye un extraordinario abuso y muestra de sembrar el miedo no sólo en el núcleo familiar del Sr. Ceballos y en sus allegados, sino también en la ciudadanía en general.
• Este lunes fue detenido el activista y líder juvenil Yon Goicoechea, quien se trasladaba por las calles de Caracas cuando fue interceptado por funcionarios policiales encapuchados. Recién a altas horas de la noche se supo, a través un diputado del oficialismo, de su paradero en la cárcel del SEBIN.
• Similares parámetros de arbitrariedad y tiranía exhibe la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez.
• Los allanamientos arbitrarios realizados en las residencias del Diputado Lester Toledo – quien posee inmunidad y del Alcalde Delson Guarate, sin guardar el debido proceso, demostrando el ensañamiento desmedido en contra de líderes de la oposición.
• Los medios de comunicación están siendo amedrentados constantemente, y hoy la sede del diario “El Nacional” fue atacada por grupos violentos identificados con el gobierno venezolano. Periodistas internacionales que están llegando a Caracas para cubrir el evento del 1 de septiembre están siendo retenidos en el aeropuerto, e incluso esperando ser deportados, tal el caso de los reporteros de Al Jazeera, lo que impide que la cobertura llegue libremente a la prensa internacional.
• El acoso a la sede de Voluntad Popular del día de hoy forma parte también de la operación de amedrentamiento en curso.
• La detención de Carlos Melo agrava aún más los abusos y privaciones de derechos, que constituyen provocaciones que van en desmedro de la reconciliación ciudadana a escasos días de las manifestaciones previstas para el 1 de septiembre.
• El arbitrario traslado de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, sin mostrar la orden de traslado ni habérselo participado a sus abogados ni familiares, permaneciendo presos sin acusación.
• El traslado en horas de la madrugada de hoy de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel para presos de alta peligrosidad 26 de Julio de Guárico, sin tampoco haberlo notificado a su defensa y familiares.
• La retención de la Diputada María Hernández se suma también a la lista de arbitrariedades.
• En la misma línea, el gobierno venezolano ha ordenado el despido masivo de más de 4.000 funcionarios públicos que firmaron para el revocatorio, violando los derechos constitucionales que le garantizan a todos los venezolanos el derecho a discernir y a expresarse libremente.
• Los venezolanos que desde ahora se están movilizando para llegar a la Capital y participar en la manifestación han denunciado retenciones puestas por el gobierno nacional para impedirles el paso o desviarlos, tal y como ha ocurrido con la manifestación indígena que está caminando miles de kilómetros desde el Estado de Amazonas para participar.
• Se produjo también el intento de incendio de la Casa del Partido Acción Democrática en San Carlos.
Los intentos de intimidación de la población ante la proximidad de instancias de expresión popular resultan propios de los más connotados regímenes autoritarios a lo largo de la historia.
Estas maniobras contribuyen a generar un clima de confrontación y crispación, así como potencian el riesgo de desbordes ante la arbitrariedad y descarada impunidad con que se actúa.
Todos los hechos reseñados ut supra forman parte de una acción sistémica apoyada en mecanismos de represión del Estado que violan absolutamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano. Ello contradice completamente los principios y valores democráticos y definen al Gobierno de Venezuela como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo.
Por lo cual se hizo un llamado al Gobierno de Venezuela al respeto de los Derechos Humanos y otorgamiento de las máximas garantías
