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EFE

La Justicia argentina resolvió este jueves aplazar la declaración indagatoria que la expresidenta Cristina Fernández debía realizar el próximo 20 en un caso por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.

Según fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam, la decisión fue adoptada por el juez a cargo del caso, Julián Ercolini, a partir de un pedido de la defensa de la exmandataria.

Fernández había sido citada para comparecer el próximo 20, pero su abogado, Carlos Beraldi, solicitó postergar la indagatoria porque, entre otras razones, el 19 la expresidenta debe declarar como testigo, desde la sureña ciudad de Río Gallegos, en la causa que investiga la muerte de Carlos Menem “Junior”, hijo del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Además, el abogado alegó en su solicitud el inminente nacimiento de la nieta de Fernández e hija de Máximo Kirchner.

Además de Fernández, Ercolini ha citado a declarar a otras 16 personas, entre ellas exmiembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Lázaro Báez.

El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

En agosto, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, solicitaron al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Ministerio Público Fiscal vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien tenía una estrecha relación con el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

El caso, abierto en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal” ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las rentas de la Nación. 

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