En la última reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se dio inicio al procedimiento para considerar si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana. No es un proceso que se dé en una sola etapa o sesión, explicó el abogado constitucionalista José Vicente Haro.
En el espacio A Tiempo en Unión Radio, detalló que en la sesión del 23 de junio el secretario general, Luis Almagro, presentó un informe sobre la crítica situación de Venezuela en el que desglosó “las razones amplias y justificadas por las cuales debe aplicarse la Carta porque estamos en un supuesto quebrantamiento del orden constitucional”.
El especialista en Ciencias Políticas precisó que ahora estamos en la etapa de valoración en la que cada uno de los países va a analizar detenidamente el informe, la respuesta presentada, puede solicitar información adicional a la secretaría de la OEA, Venezuela y a sus colegas de otros países y además intercambiar decisiones y opiniones.
Al referirse a la propuesta de crear un grupo de amigos de la OEA que apoye el dialogo impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro y que actualmente lideran los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana, Leonel Fernández, Haro consideró que esta propuesta podría aplicarse antes de una próxima sesión del ente regional en la que se decidiría si se aplica o no la Carta. “Cualquier gestión diplomática como por ejemplo extender la mediación ya iniciada”.
Haro precisó que para el Gobierno sería inconveniente negarse a que un grupo de amigos, seleccionado por el consejo permanente o por la secretaría de la OEA, medie en la crisis venezolana. “Lo que puede traer es un perjuicio para el gobierno frente a una futura sesión en la OEA donde se decidiría si se aplica o no la Carta”.
El jurista agregó que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana beneficiaría al pueblo venezolano “desde el punto de vista democrático constitucional al tratar de restablecer el respeto a la constitución, al procedimiento del referendo revocatorio, a la crisis humanitaria y a los presos políticos”.
Haro resaltó que sería muy perjudicial para el Gobierno porque es una sanción internacional importante que pone en cuestionamiento su actuación y va a obligarlo a facilitar mecanismos de pronunciamiento democrático como el referendo. (DA)
