Los más de 111 mil kilómetros que abarca el Arco Minero del
Orinoco tienen mucho más que reservas de oro, diamante y coltán. Esa misma
franja se dibuja sobre parques nacionales, reservas forestales y monumentos
nacionales que representan no la riqueza minera, sino ecológica del país. La
certificación y exploración de minerales que afecten estas áreas también
infringen los artículos 127, 128, 129 y 304 de la Constitución, de acuerdo a una nota que publicó Efecto Cocuyo.
“El Arco Minero del Orinoco es un decreto emitido por el
Presidente que pretende afectar las áreas protegidas por la tradición
legislativa venezolana”, expresó el docente e investigador de la Universidad
Central de Venezuela, Alexander Luzardo. El especialista, quien también fue
autor de las normas ambientales de la Constitución de 1999 precisó que las
figuras de estas zonas protegidas se remontan a, por lo menos, el año 1961.
El arco dibujado por el presidente Hugo Chávez en 2012 se
solapa con las reservas forestales de Imataca, donde precisamente se encuentra
el área cuatro de la franja, lugar en el que, se presume, existen reservas de
oro y coltán.
El territorio trazado también se extiende a los parques
nacionales Canaima (Bolívar) y Yapacana y Parima-Tapirapecó, ambos en Amazonas.
También se solapa con la reserva forestal del Caura, territorio al cual le fue
atribuido esta figura en 1968.
“El Arco Minero es una
re-edición del mito de El Dorado. No han certificado las reservas y ya dicen que
es la solución”, argumentó Luzardo desde una conferencia celebrada en el
Colegio de Ingenieros de Caracas este lunes, 19 de septiembre. (LSN)
Con información de Efecto Cocuyo
