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AFP

La captura este viernes de un ex jefe policial de Iguala, la ciudad del sur de México donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de uniformados en 2014, despertó esperanzas sobre un avance en este intrincado caso que persigue al gobierno.

“Encabezados por la División de Inteligencia de Policía Federal, fuerzas federales detuvieron a Felipe Flores, en Iguala a las 7 am” (12H00 GMT), indicó la Comisión Nacional de Seguridad en Twitter, sin dar más detalles.

Flores, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de unos 135.000 dólares, estaba al frente de la policía de Iguala cuando los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en esa localidad.

Su arresto podría traer nuevas luces sobre el misterioso destino de los estudiantes, un caso que ha perseguido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace más de dos años.

Esta detención “permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, comentó en Twitter la fiscal general, Arely Gómez. 

Según la versión oficial, los jóvenes desaparecieron tras ser atacados a tiros en Iguala por policías locales coludidos con sicarios del cártel local Guerreros Unidos.

Las autoridades sostienen que el entonces alcalde de Iguala -y ahora detenido- José Luis Abarca dio la orden a los policías de confrontar a los jóvenes. 

“Verdad histórica” 

Posteriormente los estudiantes habrían sido entregados por policías a miembros de Guerreros Unidos, que los habrían asesinado e incinerado en un basurero de la cercana Cocula antes de arrojar sus restos a un río cercano.

Esta versión fue descrita en enero de 2015 como la “verdad histórica” por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam, pero las autoridades se han ido retractando.

Hasta ahora, sólo se han podido identificar plenamente los restos de uno de los estudiantes en los exámenes de ADN y la versión oficial fue rechazada por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes aseguran que no existe prueba científica de que los jóvenes hayan sido quemados en ese basurero.

Desde entonces, la fiscalía explora nuevas líneas de investigación y realiza pesquisas con escáners de láser, una tecnología conocida como Lidar que captura imágenes térmicas en la tierra para localizar restos humanos.

En septiembre de 2015, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zeron, dijo que un grupo numeroso de personas había sido incinerado en el basurero de Colcula, pero no pudo confirmar que se tratara de 43 cuerpos.

Este funcionario renunció en septiembre, pero Peña Nieto lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Hasta ahora, más de 130 personas han sido arrestadas por este caso, incluyendo la esposa de Abarca, numerosos policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos.

Desde la desaparición, México ha sido escenario de multitudinarias protestas contra la forma en que el gobierno de Peña Nieto ha llevado el caso, y en el segundo aniversario de la tragedia algunos pedían la renuncia del presidente.

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