EFE
La
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de los
diarios, denunció este domingo que los rotativos con independencia editorial
son víctimas de una «asfixia publicitaria» por parte del Gobierno de
Evo Morales.
La ANP señaló en un comunicado que el Ejecutivo dispuso la suspensión de la
publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, con lo que se
consumó un nuevo atropello a la libertad de expresión y se ha puesto en riesgo
la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de
talleres de imprenta.
«Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo
responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión
económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por
la búsqueda de la verdad», indicó la ANP.
Mencionó, además, que la exclusión de estos medios de recibir anuncios
publicitarios de entidades estatales vulnera la Declaración de Principios sobre
la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el año 2000.
Para la ANP, esta medida es una consecuencia del trabajo transparente cumplido
antes, durante y después del referendo del pasado 21 de febrero, en el que los
bolivianos rechazaron mayoritariamente una reforma constitucional para permitir
que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019.
El mandatario y otros dirigentes del Gobierno y de su partido, el Movimiento al
Socialismo (MAS), atribuyeron su derrota electoral, la primera en diez años, a
una supuesta «guerra sucia» en su contra en las redes sociales
durante la campaña.
El Ejecutivo también ha acusado a la oposición, a EE.UU. y a algunos medios y
periodistas de conspirar para que Morales perdiera en la consulta, para lo
cual, según las autoridades, usaron el caso del supuesto tráfico de influencias
a favor de la empresa china Camce, en la que trabajó una expareja del
mandatario, Gabriela Zapata.
Según la ANP, los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones
que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son
actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos.
Por tanto,
la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa
consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada
por los medios que cumplen su función informativa, indicó la entidad.
Los medios asociados a la ANP concluyeron ratificando su compromiso de informar
de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en
rechazo a una política que pretende imponer el silencio.
