Luis Borrero
Cuando su nombre firma la nota, los poderosos tiemblan. Saben qué esperar de Lisseth Boon. Reconocida por sus trabajos de investigación, la venezolana puede agregar una habilidad olímpica a su currículo: salto de vallas. No las de una pista de atletismo, sino la del sistema de justicia protegido por quienes terminan en jaque con cada uno de sus reportajes.
Desterrada por motu proprio de la Unidad Central de Investigación del diario Últimas Noticias cuando le quisieron cambiar titulares y enfoques a sus reportajes, Boon ha encontrado un refugio en el periodismo digital. Sus mayores preocupaciones para las nuevas generaciones son la autocensura y el conformismo.
Un lector no recordará a Boon por lo seguido que puede leer su nombre en un periódico. Sus trabajos toman más tiempo. Desvelar lo oculto es la chispa que mueve los pies y los dedos sobre el teclado de la criada en Puerto La Cruz, pero nacida en Upata. Fue la periodista más galardonada en los premios anuales del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).
Le consterna el futuro. “En estos años de polarización y cierre de fuentes de información pública muchos colegas han optado por resignarse a dar a conocer solo una versión de los hechos y no insistir en obtener la otra parte. También hay temor a ‘meterse en problemas’ porque las presiones sobre los medios son mayores, como nunca antes”. Su evaluación es crítica sobre lo que es la libertad de expresión en Venezuela y el acceso a la información. “Existe un blackout (apagón) informativo cuando ocurren hechos que dejan en evidencia irregularidades y atropellos del Gobierno”.
UN CASO DE PANAMÁ PAPERS
Todos sus trabajos son primicias. La más recordada últimamente la hizo cuando publicó los nexos del general Cruz Weffer con empresas en paraísos fiscales: una manera de ocultar el dinero proveniente de hechos de corrupción. Boon fue contactada para trabajar en Venezuela con los Panamá Papers, la filtración de datos y la investigación periodística más grande de la historia. No fue sencillo. Describe la dificultad para encontrar el nombre de Weffer entre los numerosos documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. “Utilizó una de las tantas figuras jurídicas (socios, accionistas, entre otros) que ofrecen los esquemas offshores (fuera de costa) para ocultar nombres y fortunas”.
Pero de eso se trata el periodismo de investigación. Boon no iba a detenerse. “La motivación para continuar se basa mucho en evidencias y posibilidades reales de conseguir datos que sustenten los abusos e irregularidades sobre temas interés público y que los poderes pretenden ocultar”. Fue complicado reconstruir la historia del general retirado Víctor Cruz Weffer, del que no se sabía nada desde hace varios años, explica.
Cruz Weffer fue presidente del Plan Bolívar 2000. El proyecto manejó 114,3 millones de dólares como primer programa de Gobierno de la alianza cívico-militar impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. “También protagonizó el primer escándalo de corrupción del gobierno chavista en el sector construcción de viviendas de interés social”. Las investigaciones que se iniciaron desde el Estado venezolano en contra del militar por corrupción quedaron ‘engavetadas’, dice la periodista.
Tras la publicación de la primera serie de reportajes, en mayo de 2016, el equipo de periodistas que formó parte en los Panamá Papers se convirtió en objetivo. El Gobierno activó su aparataje de medios para desprestigiar a los autores. Se les señaló, con nombre y apellido, de no haber hecho sus reportajes con otro interés que el informativo. “Sin ningún sustento, se nos acusó de haber sido financiados por Estados Unidos, con lo cual estaban apoyando los casos de corrupción e irregularidades administrativas que exponían nuestros trabajos”. Esa campaña fue replicada por portales financiados por el Estado, lamenta.
Boon no sigue otros parámetros de seguridad que los propios que ya impone la violencia en Venezuela. Solo es un poco más cautelosa. La apuesta del periodismo debería ser la independencia. “Hay que insistir en que la libertad de expresión no sólo afecta a periodistas y medios sino a todos los ciudadanos. Es un ejercicio en el que se sustenta la democracia”.
