EFE
El Parlamento brasileño ha garantizado a la OEA que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff se ajusta cabalmente a la Constitución, bajo supervisión de la Corte Suprema, y ha ratificado que su fase final empezará el próximo jueves.
Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constan en
documentos remitidos hoy a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de los Trabajadores (PT) ha
denunciado el proceso como un intento de «golpe de Estado».
El partido de Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio
político, ha pedido a la CIDH que ordene suspender el proceso mediante
una medida cautelar, por lo que ese organismo pidió explicaciones sobre
el trámite al Gobierno que preside interinamente Michel Temer.
El Ejecutivo delegó la respuesta en las cámaras de Diputados y del
Senado, responsables del proceso, que explicaron en sendos documentos
cómo se ha desarrollado el juicio y garantizaron su más absoluto apego a la Constitución brasileña.
El proceso ha cumplido con todos los preceptos constitucionales y
legales previstos «en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, por intermedio de los parlamentarios elegidos por el pueblo», dice el documento preparado por el Senado.
En el mismo sentido se manifiesta la Cámara de Diputados, que en la comunicación remitida a la OEA
dice que no se puede hablar de ninguna irregularidad o
inconstitucionalidad en un proceso que ha sido realizado por el
Parlamento y supervisado por la Corte Suprema, en su carácter de
tribunal constitucional.
Ambas cámaras pasan revista a los
trámites, aseguran que se han respetado el «debido proceso» y el más
«amplio derecho a la defensa» y explican el desarrollo de la fase final que empezará el jueves, que será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoswki.
Asimismo, detallan las acusaciones contra Rousseff,
referidas a la emisión de tres decretos que alteraron los gastos sin la
debida venia del Congreso y la contratación de créditos en favor del
Estado con la banca pública, todo lo cual está vedado por la
legislación.
También señalan que, antes de la votación final del proceso, que está prevista para mediados de la semana próxima, la propia Rousseff tendrá derecho, el lunes, a presentar una vez más su defensa, pero ahora en forma personal.
Según el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, frente al
«estricto respeto a la Constitución» con que se ha desarrollado el juicio
político, la solicitud del PT a la CIDH «no tiene cabida», es
«improcedente, impropia y carece de fundamento constitucional, legal o
de jurisprudencia».
La CIDH está dirigida ahora por el abogado Paulo Abrão, quien fue secretario nacional de Justicia en el Gobierno de Rousseff y es el primer brasileño al frente de ese órgano en sus 56 años de historia.
Durante la gestión de Rousseff, hubo tensión en la relación con la CIDH, de la que Brasil
retiró su representante tras unas duras críticas al proyecto de
construcción de una represa en la Amazonía defendido por la mandataria.
En abril de 2011, mediante una cautelar similar a la que ahora ha
pedido el PT, la CIDH ordenó la inmediata paralización de la obra, pero Rousseff ignoró esa decisión, la construcción siguió y Brasil hasta suspendió sus contribuciones financieras con ese organismo.
A esas tensiones aludió la semana pasada en una entrevista con Efe en
Washington el mexicano Emilio Álvarez Icaza, antecesor del brasileño
Abrão en la secretaría ejecutiva de la CIDH.
«Cuando llegué a la CIDH (en 2012), Brasil
era uno de los países más fuertes atacando a la Comisión porque esta
había emitido una medida cautelar sobre la represa de Belo Monte, que
era como el proyecto insignia de Rousseff», declaró Álvarez Icaza.
«Es tan irónico que si a mí me hubieran dicho, oye mira, en cuatro
años, esta que es la mayor amenaza te va a pedir cautelares, yo les
hubiera dicho ‘ya no fumen esto que están fumando'», apuntó el
funcionario mexicano.
