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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenó la ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencial.

Asimismo, la CIDH lamenta los despidos masivos de funcionarios públicos, presuntamente por haber firmado la solicitud de convocatoria de referendo revocatorio.

La CIDH expresa además su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea General. 

El 5 de septiembre, se divulgó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró que “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”. 

El Tribunal sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato por haber juramentado a tres diputados del Estado Amazonas que la Sala Electoral del Tribunal Supremo había ordenado dejar en suspenso mientras investigaba recursos impugnatorios relativos a su elección.

Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a líderes políticos pertenecientes al Partido Voluntad Popular bajo acusaciones de ser los “principales promotores del plan conspirativo” en contra del gobierno. El 26 de julio, un líder del partido Voluntad Popular, Daniel Ceballos, fue trasladado por agentes de Sebin de su arresto domiciliario a una prisión común. 

El 29 de agosto fue detenido el ex dirigente estudiantil y miembro del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea. El 30 de agosto agentes del cuerpo de inteligencia detuvieron al dirigente del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, cuando se encontraba en la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas. El 2 de septiembre fue detenido el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado de Aragua por el partido Voluntad Popular, Delson Guarate. 

Se les acusa de llevar a cabo planes para “la colocación de artefactos explosivos, tenían en su poder armas y dólares falsos”. Se ha denunciado que las detenciones se realizaron al margen de la ley, acompañadas de incomunicación y malos tratos.

Adicionalmente, la CIDH expresa su preocupación por las limitaciones al trabajo periodístico en el marco de la marcha del 1 de septiembre, así como de otras protestas contra el gobierno. Esto incluyó detenciones, amenazas, allanamientos y apertura de procesos penales contra periodistas, la desaparición de un reportero durante 36 horas hasta que se informó que estaba detenido por los servicios de inteligencia, así como la deportación y la negativa de ingreso al país a varios miembros de la prensa internacional. 

La CIDH y su Relatoría Especial expresan profunda preocupación por la presunta manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la oposición venezolana, manifestantes y periodistas. 

Por último, la CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado al Estado de Venezuela a cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, y asegurar que cualquier detención sea llevada a cabo con estricto apego al derecho de la libertad e integridad personal. En particular, insta al Estado a no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes.

Nota de prensa

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