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EFE

El relator para la libertad de expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,
denunció este jueves restricciones del Gobierno venezolano al derecho de
protesta y al derecho de la prensa a informar, ante la marcha opositora en el país suramericano.

“Estamos siguiendo con enorme
preocupación los acontecimientos”, explicó a Efe Lanza, quien advirtió
hace un mes en un comunicado conjunto con su homólogo de Naciones Unidas
del “deterioro” de la libertad de prensa en Venezuela.

“Las preocupaciones son varias -prosiguió-. Que los corresponsales
extranjeros no puedan ingresar es una restricción porque el Gobierno
intenta impedir un escrutinio internacional”.

Este miércoles,
en la víspera de la protesta opositora para pedir una fecha para el
referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se conocieron
varios casos de periodistas de medios como Caracol Radio de Colombia,
Le Monde de Francia y NPR de Estados Unidos a los que no se les permitió
la entrada a Venezuela para cubrir el evento.

“Nos preocupa también cómo será el flujo informativo de internet,
porque en una manifestación es clave el acceso a información en línea y
en otras ocasiones hubo restricciones y también represión de la
actividad en las redes sociales”, señaló Lanza.

Otra “gran
preocupación” de la Relatoría que dirige, encargada de velar por la
libertad de expresión en el continente americano, es “el decreto (del
Gobierno venezolano) que puso el control de las manifestaciones en el
Ejército y por tanto lo semimilitarizó”.

“Los militares no
están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y
pacífica y esto ya pasó en 2014 (cuando las protestas dejaron numerosos
muertos, heridos y detenidos)”, indicó.

En este contexto,
apuntó, “los periodistas cumplen un rol fundamental como observadores de
cómo se comportan tanto las fuerzas de seguridad como los
manifestantes”.

Lanza detectó un “patrón” en los últimos meses
y, sobre todo, en los días previos a la protesta opositora, con “formas
de censura como fallos del Supremo ordenando que no se publiquen, por
ejemplo, hechos de violencia criminal u otra serie de informaciones que
no son agradables, pero que la gente tiene derecho a conocer en una
sociedad democrática”.

“O la advertencia -continuó- del órgano
regulador de medios sobre cómo se tienen que hacer las coberturas o los
ataques contra ‘El Nacional’ en los días previos a la marcha, los
impedimentos a los manifestantes”.

“Restringir el derecho de
protesta también es lo que han hecho de no dejar que la gente se
manifieste en determinados lugares. Se debe garantizar el derecho a
manifestarse pacíficamente y también en el lugar simbólico que se
elige”, agregó.

En este sentido, denunció que a algunos
manifestantes del centro de Caracas no se les va a dejar salir para
manifestarse o las restricciones a los ciudadanos que llegan a la
capital desde el interior del país.

Con esta situación de
“restricciones”, a Lanza le parece que habría sido útil enviar alguna
fórmula de observación de la marcha desde la CIDH o desde la
Organización de Estados Americanos (OEA) -de la que la comisión es
órgano autónomo para derechos humanos-.

Ese ofrecimiento lo
hizo hace unas semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
pero fue rechazado como todos los anteriores desde hace diez años,
cuando el chavismo dejó de permitir la observación electoral de la
organización.

“La idea del secretario general era muy
interesante y novedosa. Que pudiéramos haber articulado una observación
internacional de la propia CIDH. En otros países esta labor la realizan
los defensores del pueblo o los institutos de derechos humanos, como en
Chile, donde ya hay articulado un acompañamiento por parte del Instituto
Nacional de Derechos Humanos”, consideró el relator.

Aunque la situación “polarizada” de Venezuela,
con Gobierno y oposición enfrentados frontalmente, merece “que se le
preste mucha atención”, Lanza advirtió de restricciones al derecho a la
protesta y de manifestación en otros países de la región.

“Estos derechos son vitales para la democracia y los Gobiernos de la
región no deben verlo como una amenaza sino como una expresión de
demanda de amplios sectores de la sociedad”, apunta.

“Vemos un
problema grave en el manejo de estas situaciones. Muertos en las
manifestaciones de mineros en Bolivia, el asesinato allí de un
viceministro, el caso de la represión de las protestas en Brasil. Esto
se está convirtiendo en una situación muy preocupante”, concluyó.

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