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Zaida D. Arias Molina 

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice
Libertad) condenó el quebrantamiento definitivo del Estado de Derecho en
Venezuela, en medio de un proceso progresivo e indetenible de deterioro de las
formas y prácticas republicanas que ha vivido el país desde 1998.

En comunicado emitido este martes, la institución señaló
que este retroceso institucional llegó a su punto culminante el pasado jueves
con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de congelar de manera
indefinida el Referendo Revocatorio presidencial, obedeciendo órdenes de
tribunales penales estatales, que a su vez respondieron a dictámenes políticos
de gobernadores integrantes del partido de Gobierno.

Con estas medidas la mínima apariencia de régimen
democrático y apegado a Derecho que podía quedarle al Gobierno venezolano, así
como de autonomía técnica a los poderes públicos, ha desaparecido y hoy el
mundo sabe lo que ocurre en Venezuela desde hace muchos años: la democracia y
la libertad se han perdido, cita el comunicado.

Como si no hubiera sido suficiente, se expresa en el texto,
esta nueva muestra de subordinación y parcialidad del Poder Electoral a los
designios gubernamentales, Venezuela y el mundo fueron testigos este domingo de
una muestra de agresión contra el único Poder Público que ha intentado ejercer
cierta autonomía desde que fue electo por los venezolanos el pasado 6 de
diciembre: la
Asamblea Nacional (AN)

En medio de una sesión convocada para discutir la ruptura
del hilo constitucional en Venezuela, presuntos integrantes de “colectivos”
(grupos simpatizantes organizados por el oficialismo), ingresaron al Parlamento
de manera violenta y agredieron a quienes se encontraban en el lugar, en un
intento de impedir que la mayoría parlamentaria se pronunciara sobre la crisis
nacional.

Fue la primera vez en casi 200 años de historia republicana
que se ingresaba por la fuerza al recinto parlamentario.

Para Cedice Libertad la crisis política, económica y social
de Venezuela es consecuencia directa del irrespeto a la institucionalidad
democrática, al Estado de Derecho y, en general, a las libertades civiles y
políticas de los ciudadanos, entre las que se cuentan las de escoger y remover
a sus gobernantes de acuerdo con lo previsto en la Constitución nacional.

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