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Felícita Blanco

Tres Organizaciones No Gubernamentales piden a la Fiscalía General y a la Contraloría de la República investigar el destino de 36 mil 469 millones de bolívares que les fueron asignados en cinco años al ministerio del Servicio Penitenciario, en vista de que obras prometidas, nunca ejecutadas, son hoy un monumento a la corrupción y violación de derechos humanos.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Daniela Guerra y Carlos González de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) y Mercedes de Freitas y Jesús Urbina de Transparencia Venezuela, han hecho el seguimiento de los presupuestos, y  “de 36 mil 469 millones de bolívares, equivalentes a 5.183.715.098 dólares que recibió dicho ministerio, solo 2.401.176.821 fueron destinados a la ampliación, recuperación, dotación y construcción de la edificación penitenciaria”.

Mostraron un video donde se observa el estado de ruinas en que se encuentra lo que algún día iba a ser el Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia, al sur de Maracaibo.

La ministra Iris Varela colocó la primera piedra de la obra el 5 de diciembre de 2012, estaría concluida en 2013, y era uno de los 24 establecimientos penitenciarios prometidos por la alta funcionaria gubernamental ese año.

El  Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) suscribió un contrato con la empresa Cresmo CA, por el monto de 209.104.434,64 bolívares, la obra prometida para 2013 quedó  abandonada, ha sido saqueada  y hoy es un promontorio de escombros.

El establecimiento albergaría 600 reclusos, desalojaron la cárcel de Sabaneta y la del Marite y llevaron a los presos a reclusorios de distintos sitios del país. Aumentó el retardo procesal porque están muy lejos de los tribunales, les cobran hasta 500 mil bolívares por llevarlos a las audiencias y en la mayoría de los casos son diferidas. Los familiares sin recursos económicos no pueden visitarlos.

El Estado debe responder por el posible fraude cometido, la Contraloría debe investigar y sancionar a los responsables por la pérdida de recursos públicos, y el ministerio de Servicios Penitenciarios debe rendir cuentas del destino que le ha dado a esos recursos.

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