COMPARTE

Es uno de los diarios más antiguos del
páís. 82 años de existencia que se vieron afectados por una empresa
gubernamental
, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, que por presiones
surgidas desde Carabobo, dejó de venderle papel a El Carabobeño desde el 17 de
marzo de 2015. Como consecuencia de ello, dejó de circular el 17 de marzo de
2016.

Este cierre evidencia que, en Venezuela
disentir del gobierno se paga caro. Así lo entendieron los editores congregados
en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa que se
celebra en Punta Cana. “En lo que
va de 2016 ya hay un medio cerrado, El Carabobeño, y otro a punto de cerrar,
criticó el editor Miguel Henrique Otero
, editor de El Nacional y encargado de
presentar el informe sobre el caso Venezuela, en el que se detalla con lujo la
grave situación de la libertad de expresión en Venezuela.




Agresiones a la prensa venezolana 2016 por elnacionalweb 


A continuación podrá leer el informe completo

Informe ante la Sociedad Interamericana
de Prensa Venezuela: Violaciones a la libertad de expresión y de prensa (enero-marzo
2016)

Un contexto de continuo agravamiento del
deterioro institucional del Estado venezolano, de colapso de los servicios
básicos con subsecuentes y escandalosas fallas en el suministro de agua potable
y energía eléctrica, en medio de un creciente desabastecimiento de alimentos,
productos de primera necesidad y medicinas cuya falta asciende a más 80% de los
fármacos requeridos por la población; aunado a este cuadro la continuación de
una inseguridad ciudadana, cuyo saldo en muertes supera la de países en guerra
(90 homicidios por cada 100.000 habitantes se calcula es la cifra para
Venezuela), derivan en un creciente rechazo al gobierno del presidente Nicolás
Maduro en todos los estratos de la sociedad, con apenas menos del 20% de
aprobación o neutralidad, comprometiendo seriamente la gobernabilidad.

La única respuesta del gobierno
venezolano a la que se considera la peor crisis económica y social de la
historia republicana de Venezuela es un gasto creciente en propaganda y contra
propaganda, espionaje y amedrentamiento de adversarios políticos, cuando no se
les inhabilita políticamente o se los empuja al exilio mediante medidas
judiciales arbitrarias; represión sin miramientos por parte de los cuerpos
armados, ya sea la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional
Bolivariana, de cualquier manifestación de descontento o desbordamiento de la
tensa situación generada por la carestía; a lo que se suman frecuentes como
onerosos viajes presidenciales en procura de afianzar alianzas con otros países
que ya no dan credibilidad alguna a la figura del Presidente de la República y
su entorno señalado interna y externamente de una corrupción masiva y vínculos
directos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

En lo que respecta a la ya muy vulneradas
libertad de expresión y de prensa, los medios independientes se ven sofocados
por una política restrictiva de la libre circulación de la información y el
pensamiento, que va desde a) la censura indirecta de obstaculizar el acceso al
papel y otros insumos imprescindibles para los medios impresos, hasta b) medidas
judiciales contra los propietarios y directivos de medios ya sean impresos,
radio eléctricos o digitales. En el primer renglón mencionado, de los tres
meses transcurridos de 2016, resalta el
caso de El Carabobeño, diario con sede en Valencia, Estado Carabobo, que
circulara ininterrumpidamente desde su fundación en 1933
hasta el pasado 17
de marzo cuando detuvo su rotativa por falta absoluta de papel, en vista de que
los representantes del periódico no pudieron llegar a un acuerdo con la
Corporación Maneiro, monopolio estatal del papel. El Impulso, tradicional
diario de Barquisimeto, el más antiguo del país, fundado en 1904, anunció que
en menos de un mes dejará de circular por no tener acceso al papel controlado
por el gobierno nacional. Resalta el caso de El Nacional de Caracas, al que la
Corporación Maneiro siempre le cerró las puertas. El pasado 09 de diciembre de
2015, el presidente Nicolás Maduro con un ejemplar del citado diario en sus
manos pretendió soliviantar al pueblo contra el medio: “El pueblo de
Venezuela debería declararse en boicot contra El Nacional y no comprarlo más
nunca nadie”.

Alrededor de 80 periódicos a lo largo y
ancho del país se enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas,
por la causa mencionada. Tal como informara el presidente del Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) de Venezuela, Tinedo Guía, los diarios La Costa y La
Mañana del Estado Falcón ya dejaron de circular. La estatal Corporación Alfredo
Maneiro fue creada para monopolizar el suministro de papel, y desplazar a las
importadoras tradicionales del insumo que dejaron de recibir divisas desde hace
dos años. El presidente del CNP, Tinedo Guía declaró el pasado 17 de marzo: “La
Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración
pública. No es beneficioso ni útil, pero el gobierno se vale de él para negar
las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la
cabeza ante sus mentiras”. Es obvio que la industria de la prensa en Venezuela
corre grave peligro de ser reducida a su mínima expresión si no desaparecer,
para sobrevivir solo aquellos rotativos controlados por el gobierno y que no
son sino órganos de propaganda, alejados del buen periodismo. Guía denunció
como un claro abuso de parte del “gobierno ‘revolucionario’ (SIC) que le tiene
temor a que las verdades aparezcan en los medios” En el segundo renglón,
preocupa la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario
Correo del Caroní, con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que lo condena a
cuatro años de prisión por el delito de “difamación e injuria”. El diario
publicó una serie de reportajes de investigación sobre graves actos de
corrupción en la compañía minera estatal Ferrominera, la principal procesadora
de hierro de Venezuela. La medida ha sido rechazada categóricamente por la
Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, por los gremios de la prensa
venezolana y por organizaciones internacionales como el Comité de Protección de
Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés); su coordinador senior para las
Américas, Carlos Lauría declaró: “La sentencia contra David Natera Febres
es un claro ataque contra la libertad de prensa que tendrá un efecto
amedrentador en el periodismo independiente e investigativo en Venezuela”.
Se trata de crear un clima propicio a la autocensura.

La Sociedad Interamericana de Prensa
también se pronunció en torno a la sentencia al editor al
considerarla:”Una grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de
la sociedad a estar informada en temas de interés público”. Agregó que la
sentencia demuestra “el gran retroceso de Venezuela en materia de libertad
de prensa, que todavía sigue enviando a periodistas a la cárcel”. Otro
episodio que apunta a la incapacidad del actual gobierno a convivir con el
adversario y la prensa libre, en un clima de libertad y pluralidad, es el de
ANTV, canal televisivo adscrito a la Asamblea Nacional. En las elecciones del
pasado 06 de diciembre de 2015, la opositora coalición de la Mesa de la Unidad
Democrática obtuvo una aplastante victoria ante el oficialismo, que le confiere
mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Desde el pasado 05 de enero la
oposición ocupa dos tercios de las curules y los cargos directivos,
Presidencia, Vicepresidencia, y Secretario, por lo que el partido gobernante
perdía el control de ANTV. Ante esta realidad, los operadores de la “hegemonía
comunicacional” propugnada y ejercida por el gobierno, desde que retirara las
concesiones a numerosas emisoras radiales y adquiriera a través de terceros
importantes medios tradicionalmente independientes, ordenaron la irrupción
violenta en los estudios de ANTV para sustraer los equipos de transmisión y
destruir las instalaciones. Acto seguido, se procedió a despedir a los
empleados de la televisora y actualmente 164 trabajadores se encuentran “en un
limbo” ante la ilegalidad de la medida. El gobierno venezolano persiste en no
dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
devolver la señal a Radio Caracas Televisión, así como los equipos de transmisión
arbitrariamente confiscados en 2007, cuando por órdenes directas del entonces
presidente Hugo Chávez Frías no se renovó la concesión. El Tribunal Supremo de
Justicia, evidentemente, al servicio del gobierno de turno, declaró el fallo
“inejecutable”.

Las medidas judiciales contra directivos
y propietarios de los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, portal
noticioso digital, dictadas a partir de una demanda introducida por el diputado
y ex presidente de la Asamblea Nacional, capitán Diosdado Cabello, siguen su
curso, obligando al exilio a varios de ellos o a permanecer en el país con
prohibición de salida. La demanda de Cabello, sin sustento legal, es a causa de
que los medios mencionados, en ejercicio de la libertad de expresión,
reprodujeron una versión periodística del diario ABC de España que señala al
demandante como un prominente operador del narcotráfico internacional, al
frente del llamado “Cartel de los Soles”, así llamado por estar conformado por
altos oficiales de la Fuerza Armada. La publicación de una versión periodística
de otro medio no es delito en ningún caso, según confirman abogados expertos en
la materia. Al menos 80 publicaciones alrededor del mundo replicaron la
información del ABC, firmada por el corresponsal en Washington, Emili Blasco,
quien obtuvo el relato de un ex funcionario de la seguridad presidencial, el
capitán de corbeta Leamsy Salazar, hoy bajo el régimen de protección de
testigos en Estados Unidos. William Brownfield, secretario de Estado adjunto de
EE.UU. para Narcóticos y Seguridad Internacional, dijo hoy que las acusaciones
de un diario sobre los presuntos lazos con el narcotráfico del presidente del
poder legislativo venezolano, Diosdado Cabello, son “consistentes” con el
análisis de Washington sobre la penetración de los carteles en Venezuela. En lo
que se refiere a los medios radioeléctricos, el Presidente de la República no
se ha ahorrado amenazas. El pasado 06 de enero, a un día de instalarse la nueva
Asamblea Nacional dominada por la oposición, por el solo hecho de darle
cobertura al acontecimiento, Nicolás Maduro se refirió a los canales
Globovisión y Televen en los siguientes términos: “Están desatados, ustedes ven
como está Televen…uno ve a Globovisión y piensa que está en el 09 de abril de
2002”. La fecha alude a la breve salida del poder del entonces presidente Hugo
Chávez Frías, tras una multitudinaria manifestación anti gubernamental
reprimida con saldo de muertes y lo que se considera fue un vacío de poder por
algunos y por otros, un golpe de Estado, o ambos. “Se van a equivocar señores
dueños de Globovisión y Televen”, remató el presidente Maduro en la misma
alocución. En el espacio semanal que transmite a través del canal del Estado
Venezolana de Televisión, “Con el mazo dando”, el pasado 18 de marzo, el
capitán Diosdado Cabello acusó: “Los medios de comunicación, Televén,
Globovisión y Venevisión están metidos otra vez en un golpe de Estado”. Entre
los medios internacionales, la televisora colombiana NTN24 ha sido retirada por
órdenes del Gobierno Nacional de las operadoras de televisión paga; su página
web ha sido bloqueada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)

Son varios los portales digitales que son
objeto de coerción a través de acciones de parte del gobierno, no solo el caso
ya mencionado de La patilla, sobre cuyo propietario Alberto Federico Ravell
pesa una medida judicial que le impide ingresar al país libremente. Destaca
también el caso del portal Dólar Today, objeto de una demanda introducida por
los abogados del Banco Central de Venezuela ante la Corte de Delaware en
Estados Unidos. La acusación señala al citado portal de “terrorismo
cibernético” y “daño al BCV” al publicar a diario la cotización de la divisa en
el mercado negro. El tribunal desestimó la demanda el 26 de febrero pasado,
pero “sin prejuicio” al darle oportunidad al demandante de enmienda del
documento acusatorio, por lo que el caso “sigue vivo”. Las agresiones y
amedrentamiento a comunicadores en ejercicio de su derecho al trabajo
continúan, y de tan repetidas ya no puede hablarse de “hechos aislados”. El
Colegio Nacional de Periodistas a través de la seccional del Estado Táchira
expresó su condena a la retención arbitraria de los agremiados Fabiola Niño,
Manuel Cardozo, René Méndez y Rafael Urdaneta, cuando daban cobertura a
protestas en la ciudad de San Cristóbal. En la misma entidad, un grupo de
desconocidos atacó a una unidad de transporte del diario La Nación en la que
viajaban trabajadores de esa empresa de regreso a sus hogares. Otros episodios
de violencia e intimidación contra periodistas han tenido lugar en diversas
entidades del país en medio de las crecientes protestas a causa de la carestía
y el colapso de los servicios públicos, incluso comunicadores de medios
públicos han sido agredidos por desconocidos o miembros de cuerpos de
seguridad.

El pasado 28 de marzo, en un suceso
registrado en el retén judicial de El Marite, en el Estado Zulia, cuando un
grupo de reos se enfrentó con armas de fuego la Policía Bolivariana del Zulia,
varios periodistas que se presentaron para dar cobertura, fueron detenidos y
brutalmente agredidos por los cuerpos de seguridad del Estado; les fueron
confiscados sus equipos y borradas las memorias de sus dispositivos de registro
audiovisual. Los comunicadores afectados son Faviana Delgado y Humberto
Matheus, por Versión Final; José Antonio González y María Fuenmayor, del diario
La Verdad; Ángel Romero y José López, por Noticia Al Día.

La grave situación obstaculizadora de la
libertad de expresión y de prensa en Venezuela promovida desde las
instituciones del Estado es de conocimiento de la comunidad internacional y los
pronunciamientos de destacadas figuras públicas, ex presidentes y gobernantes
en ejercicio, así como de instancias legislativas de otros países en referencia
a la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, hasta ahora no han
logrado una rectificación del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que más
bien insiste en la reacción descalificadora, al tiempo que no asume
responsabilidad ninguna por el padecimiento del pueblo venezolano que enfrenta
a un gobierno paralizado en su gestión, sin respuestas a la terrible crisis
nacional, atrapado en una retórica hueca. La despótica reacción contra los
medios de comunicación independientes no habla sino de una élite gubernamental
confinada en una paranoia macbethiana, completamente aislada del país real.

MINIANUNCIOS VIP




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.