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Ana Isabel Laguna
Mayo 2007: Se marcó un punto de inflexión en la historia de los medios de comunicación social en Venezuela con el cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV). Desde esa fecha, sobre el mapa de los medios informativos el Gobierno ha pretendido imponer su línea de “hegemonía comunicacional”.
En ese devenir, hasta los medios impresos críticos han sido perjudicados. Desde el 2013: Nueve han cerrado definitivamente y 41 han tenido dificultad para la adquisición del papel, según reporte del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela. Y tras el cierre de El Carabobeño, de su edición impresa, pudiera sumarse ahora la del diario El Impulso, de Barquisimeto.
Pero, más allá del cierre de medios o la incertidumbre a la que someten a los medios impresos y a todos los actores, lo que se perjudica es la calidad de la vida democrática de una sociedad. Los medios impresos son determinantes en la esfera pública regional por su papel en la definición de la agenda pública. Son útiles para los espacios de opinión y abordar los temas de interés público local o regional. Favorecen la cohesión social y permiten fortalecer las identidades regionales, expresó Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.
-Con los cierres temporales se debilitan las capacidades de los medios porque rompen las rutinas informativas de los lectores. También, el potencial económico de otras esferas productivas porque limitan la publicidad que puede contribuir a dinamizar el aparato productivo. Un ejemplo de ello son los avisos clasificados y otros mensajes que pueden contribuir a fortalecer el sector comercial local y regional, agregó Correa.
Espacio Público, en su reporte trimestral de este 2016, indicó que a las restricciones administrativas por la venta de papel monopolizada con la creación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro en 2013, se suman las trabas administrativas para la liquidación de divisas necesarias para adquirir otros insumos para la impresión de los periódicos, como planchas o tintas, en su totalidad, importadas. 
Contabiliza que cinco medios y (1) un suplemento salieron de circulación por tiempo indefinido ante la escasez de papel en los primeros tres meses de 2016. El Diario Panorama, del estado Zulia, cerró dos corresponsalías por la crisis de recursos que atraviesa. El Informador, del estado Lara, no publicó su edición aniversario por escasez de papel. Durante el asueto de Semana Santa (del 21 al 27 de marzo), nueve medios regionales suspendieron su tiraje para ahorrar papel.
En contraparte, el ecosistema de medios actual no tiene equivalencia entre los medios digitales o canales basados en internet y los medios impresos. Hay consumos diferenciados y la migración, en este caso forzosa, a la esfera digital no puede esgrimirse como sustitutiva. Por ejemplo, la deliberación sobre los asuntos públicos no es equivalente en la modalidad de internet a la correspondiente a los medios impresos.
DOLIENTES SIN RESPUESTAS
Ante esta disyuntiva, Espacio Público consignó, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso de amparo en demanda para que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro le venda papel a El Carabobeño y en defensa del derecho de los lectores. Además, también dirigió una carta al gobernador Francisco Ameliach para que interceda urgentemente a favor del Diario del Centro, un emblemático rotativo regional con 82 años de historia y uno de los medios más importantes, antiguos y preferidos de Carabobo. Pero, aún no reciben respuestas, como muchas de las otras diligencias realizadas por El Carabobeño en busca de su materia prima: El papel periódico.
Y aunque siempre los medios de comunicación críticos, por ser la contraparte del poder oficial, han recibido presiones gubernamentales, en los últimos tres años en nuestro país se ha tornado tan agónica al punto de poner en peligro la viabilidad económica de estas empresas periodísticas.
En una entrevista a El Venezolano.com, el director de El Carabobeño Eduardo Alemán, llegó a expresar que “nunca pensé que pudiera pasar que después de 82 años de historia, este periódico tuviera que dejar de circular (…) Es muy cuesta arriba mantener un periódico donde los anunciantes son casi mínimos y donde el papel que se obtuvo en noviembre del año pasado se tuvo que pagar cada kilo en Bs 400, cuando Maneiro lo vendía en Bs 15”.
Pero, la asfixia no sólo es de papel, con sentencias judiciales también se han visto afectados otros medios como el Correo del Caroní. Ya es común que se establezcan medidas de censura indirecta -como la ha llamado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – como presiones sobre los patrocinantes para que no anuncien en los medios, el uso de la asignación del papel periódico como mecanismo de chantaje o la compra de medios por parte de empresarios parcializados con el Gobierno; son las nuevas expresiones con las cuales el Gobierno de vocación autoritaria va arrinconándolos, haciéndoles más difícil su función de informar, y así puede “lavarse la cara” de que no cierra medios, que no censura, es lo que observa el periodista Andrés Cañizález.
AUTOCENSURA Y CENSURA
Todo parte de la tesis de la “hegemonía comunicacional” como herramienta para el fortalecimiento del “poder popular” (Plan de la Patria), a través de la regulación de los medios de comunicación, y para lo cual necesita silenciar las voces críticas, violando la Constitución y la Ley de Ejercicio del Periodismo, sostiene el asesor de propaganda persuasiva, Andrés Moreno Arreche.
Dramática situación que no sólo afecta la vida de una firma comercial por el decrecimiento histórico de publicidad y circulación, comprometiéndose el empleo de cientos de periodistas y otros trabajadores. Peor aún, afecta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, si calculamos el vacío informativo que se promueve con el cierre de diarios, que por su naturaleza informativa están en la mira del régimen, porque son piezas fundamentales en la construcción social, analizó Moreno Arreche a través de un email. 
Lo certifican las estadísticas de la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras, en su informe de 2015: Venezuela ocupó el puesto 117 de 179 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa, y registra en este último año 170 casos denunciados de violencia hacia periodistas.
También un reciente estudio de la organización estadounidense FreedomHouse, que coloca al país en la misma proporción de Perú, Honduras y México, países que cayeron 3 puntos en el índice global, con la peor calificación en libertad de prensa por más de una década.
VACÍO DEMOCRÁTICO
En Venezuela estamos de nuevo observando cómo un Gobierno asumió el autoritarismo para sobredimensionar al Estado sobre la sociedad. Se revistió de revolución para dotarlo de un discurso con eco internacional y justificación barnizada de igualitarismo,indicó el historiador Agustín Blanco Muñoz, en una entrevista realizada cuando empezó la “guerra comunicacional” por parte del Estado.
Sentenció que la prensa es el órgano de difusión que permite el intercambio de ideas y está llamada a mantenerse como promotora de lucha, para llenar un vacío en una sociedad que no cree en partidos, en dirigentes, ni doctrinas- Ausencia sobre la cual se afincó el Gobierno en sus inicios para obtener clientelismo electoral y necesita el control de los medios para levantar su populismo en decadencia. “Los medios tienen que emigrar a la calle, ser ‘caja de resonancia’ de la desesperación popular, para seguir siendo esa contraparte del poder, su misión de siempre”.
El reto de los medios, para Andrés Cañizález, es hacer el esfuerzo por mantener su independencia; ser creativos en la manera de cómo se informa. “Es importante que estén conectados con su audiencia, que el público que los lee u oye por radio o ve por TV respalde a su medio, cuando se ve en peligro. En todo caso, es una apuesta a largo plazo, que no es fácil, la opción es mantener la independencia y no doblegarse ante el poder”.
Y es que cuando existe una prensa libre que permanentemente se está ocupando de la agenda social legítima que se encuentra presente en la sociedad, y denuncia, opina e investiga sobre ella, el régimen totalitario tiene que replegarse, sostuvo Carlos Correa, para quien más bien los gobiernos deben guiarse de los medios para establecer sus prioridades sociales. Insiste en su asombro de que la “asfixia” oficial no ha tocado a los medios pro-gobierno. “Llama la atención que los medios que edita el Gobierno venezolano no se han visto afectados por los problemas del papel o no lo han denunciado”, dijo el comunicador. Situación contrastante, tal como lo señala Espacio Público en la carta al gobernador Ameliach, con El Carabobeño, uno de los diarios más antiguos del país, fundado en 1933, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez y que hoy, paradójicamente, ha sucumbido instaurada la “democracia”. “Son 82 años de trayectoria periodística los que han cesado arbitrariamente para la edición impresa de este diario, pionera en su estilo en la región central del país”.
Desde todos los frentes posibles su labor informativa ha sido obstruida; desde mediados del año 2013 en que la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), negó sin justificación las divisas para concretar la importación de papel, proceso que desarrollaba el diario desde hace 40 años, sin inconvenientes de ninguna clase. 
Y mientras se espera respuesta del gobernador, desde el pasado jueves 17 de marzo, lejos de vender el diario o cambiar su línea editorial para mantenerse en circulación, El Carabobeño sigue su curso informativo a través de la plataforma digital, con el mismo compromiso de informar la verdad.
CIERRE COMUNICACIONAL EN DATOS:
*Desde 1998, la calificación de libertad de prensa de Venezuela ha empeorado 48 puntos (Estudio de organización estadounidense FreedomHouse).
*Decenas de juicios contra medios y periodistas ha iniciado el Gobierno. Casos más conocidos: Globovisión y los diarios El Nacional, TalCual y Correo del Caroní.
*Bolívar (7), Caracas (7) y Monagas (4) encabezan estadísticas de IPYS con mayor número de periódicos afectados por falta de papel.
*34% de los periodistas reconocen ser censurados por poderes estatales, especialmente por el Ejecutivo.

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