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La Cámara de Diputados de Brasil comenzó el viernes el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, un tema que enfatiza en la la fuerte división en el país más grande y la economía más poderosa de Latinoamérica.
La votación decisiva está programada para el domingo, cuando se definirá si debe continuar con el juicio llevándolo al Senado, en donde se llevaría a cabo el juicio político, que provocaría la suspensión inmediata de Rousseff como presidenta de Brasil.
El ambiente en la cámara baja estaba muy cargado al inicio de la sesión, cuando los opositores de Rousseff se vistieron con listones amarillos y verdes, y mostraron pancartas que decían «¡Destitución ahora!«.
Los legisladores que respaldan el juicio político alegan que el gobierno de Rousseff violó normas fiscales. Dicen que el gobierno manipuló los libros contables en un intento por recabar apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan acusaciones graves de corrupción.
Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.
Miguel Reale Junior, autor de la petición de destitución, dijo que las acciones de Rousseff provocaron directamente los males que ahora son una plaga para el país, como la elevada inflación y las devaluaciones periódicas del real brasileño ante el dólar estadounidense.
«¿Me vas a decir que eso no es un crimen?«, Junior dijo ante la plenaria y agregó que el juicio político no era «un golpe», como insistían los partidarios del gobierno.
El Fiscal General, José Eduardo Cardozo, argumentó que los legisladores sólo deben considerar las actuales acusaciones contra Rouseff. Advirtió que el juicio político constituiría un acto de «violencia sin precedentes» contra la democracia y el pueblo brasileño.
Rodeado de personas con pancartas que dibujaban una Constitución rota y rasgada, Cardozo insistió que todo el juicio político era un acto de venganza personal contra Rousseff de parte del Presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.
