Luis Alejandro Borrero | @LABC7
Una botella plástica evita que el viento cierre la puerta en casa de Nelly Ríos. Tiene 42 años en el sector 13 de La Isabelica, al sur de Valencia. Para ella el racionamiento de agua es algo casi natural. Lo que ella padece desde hace al menos 10 años seguirá pese a la eliminación del Plan de Administración de Carga, observa el ingeniero civil sanitarista, Manuel Pérez Rodríguez, director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca).
El agua es un drama acentuado para Ríos. Quizá más que para cualquiera de sus 13 mil vecinos. No significa un mero impedimento para lavar la ropa o los pisos. Aunque admite que, cuando llega por las tuberías parece una trabajadora doméstica: aprovechando al máximo limpiando los dos pisos de su casa con lo poco que puede.
Ser esposa y enfermera es cosa de todos los días. “Mi esposo sufre de los riñones hace ocho años. Desde hace seis le hacemos la diálisis peritoneal”.
El presidente Nicolás Maduro anunció la semana pasada el fin del racionamiento eléctrico. El Gobierno le llamaba Plan de Administración de Cargas. La explicación: ha mermado el fenómeno El Niño, que secó el embalse de Guri e impidió a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar generar suficiente energía. Sabiendo que aproximadamente 20% de la electricidad nacional se consume en el sistema hidráulico —bombas de trasvase, edificios, conjuntos residenciales, estaciones de bombeo, plantas potabilizadoras, pozos y piscinas— el racionamiento de agua era un efecto colateral inevitable.
A mediados de 2014 se publicó el Plan Especial de Abastecimiento de Agua Potable. La Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) lo ejecuta. Es la empresa responsable por el abastecimiento de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, una población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de cuatro millones 643 mil 442 habitantes. El 22 de enero de 2016 la empresa argumentó lo mismo que el Gobierno central con el plan de Cargas: efectos climático de El Niño.
Ríos se acerca hasta la parte posterior de su casa. Cerca del cuarto principal donde reposa su marido está la batea. La mujer llega hasta allá para demostrar que abriendo el grifo no sale nada. Es lunes 4 de julio y según el Gobierno ya no hay racionamientos eléctricos. Pero el de agua todavía se cumple, lamenta. Según el plan, en el sector 13 de La Isabelica solo hay agua martes y jueves. Significa que la trabajadora sanitaria jubilada y su esposo no tendrán manera cómoda de realizar el tratamiento médico.
La diálisis es un proceso extremadamente delicado. Cualquier infección podría causar una peritonitis. Por eso Ríos no usa el agua del grifo cuando va a hacer los curetajes en el vientre de su marido. “El agua, cuando nos llega, sale hedionda; negra”. Entonces señala la botella plástica de cinco litros que sostiene la puerta. El envase se ha vuelto verde y nada transparente. “Así se pone el agua cuando pasan los días”.
No es un tema de cantidad, embalses secos o racionamiento eléctrico, señala Pérez Rodríguez. Hidrocentro reconoce en su página web que para el 1 de julio de 2016 el embalse Pao-Cachinche estaba a tope. Tanto que la masa de agua de 160 millones de metros cúbicos se rebosa por 26 centímetros. Esa es la principal fuente de abastecimiento de los municipios Valencia, Naguanagua, Libertador, parte de San Diego y parte de los Guayos. ¿Por qué si los embalses están llenos y se superó la crisis eléctrica, aún falta el agua en los hogares?
La planta Alejo Zuloaga surte al área metropolitana de Carabobo. El agua en los municipios Valencia, Naguanagua, Libertador, parte de San Diego y parte de Los Guayos depende de ella. De sus 22 filtros ocho estaban dañados en diciembre del año pasado. La capacidad operativa de la planta era de poco más de 62%. La desinversión y falta de mantenimiento hacen que el racionamiento sea inevitable: no se puede potabilizar a máxima capacidad: siete mil 500 litros por segundo, explica Pérez.
Se añade el tema de calidad calidad. Pérez Rodríguez, exdirector del antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias, (INOS) señala que al embalse Pao-Cachinche le llegan aproximadamente 10 mil 600 litros por segundo —poco más de un camión cisterna lleno— de aguas cloacales sin tratamiento. El desmantelamiento de plantas de tratamiento como La Mariposa, y el trasvase del Lago de Valencia hecho en 2007, hacen que el agua del embalse sea imposible de potabilizar. “Es inaceptable que Hidrocentro diga que el racionamiento obedece a razones climatológicas. Absolutamente falso, estoy en desacuerdo con esa afirmación”.
El caos ambiental se nota en plantas arruinadas como La Mariposa y Los Guayos, dice Pérez Rodríguez. Desde el 22 de enero Hidrocentro se negó a realizar aclaraciones públicas sobre la calidad del agua, más que los resultados que mensualmente se publican en su página web y que oficializan el incumplimiento de las Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable, vigentes desde 1999.
Con la tecnología convencional instalada en la mayor planta potabilizadora de Carabobo (Alejo Zuloaga) es imposible sanear el agua que está en el embalse Pao-Cachinche, sostiene el ingeniero. Por eso, grandes cantidades de materia orgánica se fermentan en las tuberías y pozos de las casas, originando la hediondez y color que describe Nelly Ríos y que le impide llevar a cabo el tratamiento de su esposo.
Ríos afirma, consternada, que el agua que utiliza su esposo para bañarse se divide en dos. En un pote agua de tubería que viene de la ducha. Con eso se lava la cabeza, piernas y pies, utilizando un tobo. Y con agua potable almacenada en botellas de cinco litros se hace el lavado de la herida y la zona abdominal. Es un desgaste económico que le es muy difícil soportar. “Ya no se consigue agua potable. Los últimos cuatro botellones me los trajo un vecino desde Yaracuy”. Le costaron dos mil 500 bolívares y cada recipiente puede durar un día. Eso si se abstienen de tomar agua normalmente.
El grifo de la batea de Nelly está protegido. Sus métodos son rudimentarios. Puso una media como especie de filtro en el agua que, según dice, hierve antes de utilizar para cualquier cosa. “Cuando quito la media queda una arenilla negra”. No confía en que el agua sea potable. Se molesta cuando recuerda que empezó pagando por un servicio cuatro bolívares en sus primeros años en La Isabelica. Pero ahora se incrementó 9.900%, pues ahora paga 400 bolívares por un servicio racionado y de mala calidad.
La sala de Ríos está llena con cajas de cartón repletas de solución para diálisis. Son la confirmación de algo que llegó para quedarse: una enfermedad. Pérez Rodríguez teme que su modo de asearse, lavar y su lucha por mantener limpias las heridas no terminarán pronto. Asegura que si el Gobierno no ejecuta las obras de saneamiento el racionamiento de agua no se resolverá en el corto plazo. “No lo veo posible. Hemos dado toda las muestras de querer ayudar, desde el Gobierno central hacia abajo, pero no ha habido manera que el tema se lleve de una manera responsable. Sencillamente se nos ignora desde el Gobierno”. Transitar el camino de las soluciones es, de momento, utópico.
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