EFE
La defensa de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que
el instructor del juicio político contra la mandataria, Antonio Anastasia, que
ha recomendado su destitución, «omitió pruebas» que dejarían clara su
inocencia.
El instructor no se libró de la pasión e ignoró una serie de documentos que
derrumbarían las acusaciones contra Rousseff, sostuvo el abogado de la
mandataria suspendida, José Eduardo Cardozo, ante la comisión del Senado a
cargo del proceso.
Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, responde por
diversas irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno
con la banca pública y alterar los gastos mediante decretos sin la debida venia
del Congreso, todo lo cual es vedado por las leyes brasileñas.
Anastasia presentó su informe final sobre el caso este martes y concluyó que
Rousseff tuvo participación directa en esos delitos y que el conjunto de
irregularidades configura un «atentado contra la Constitución», por
lo que recomendó avanzar hacia su destitución.
Según Cardozo, Anastasia ignoró un informe presentado por la Fiscalía, en el
que se exculpa a Rousseff de delitos de tipo penal, aunque también se dice que
fueron comprobadas irregularidades en el manejo de los presupuestos.
El abogado sostuvo además que Anastasia citó sólo parcialmente otro informe,
elaborado por expertos del Senado, el cual concluyó que no se comprobó una
«participación directa» de Rousseff en la contratación irregular de
créditos con la banca pública.
La comisión concluyó este miércoles sus sesiones de debates y celebrará su
última reunión este jueves, cuando sus 21 miembros votarán el informe presentado por
el instructor, que se prevé que será aprobado por una clara mayoría.
El informe será remitido luego al pleno del Senado para una primera votación
prevista para el próximo martes, en la que sería aprobado si lo apoya una
mayoría de 41 votos entre los 81 senadores.
Superada esa instancia, la Corte Suprema deberá convocar entonces al pleno del
Senado para una nueva sesión, en la que finalmente se decidirá si Rousseff es
despojada de su cargo o retoma el poder, lo cual sólo ocurriría si fuera
absuelta.
