El entro de Estudios Políticos de la UCAB y varias organizaciones civiles a través de un comunicado denuncian el trato desigual por parte del Consejo Nacional Electoral contra los electores, lo cual viola sus derechos constitucionales.
El referido escrito fue suscrito por las Organizaciones No Gubernamentales: Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Ciudadanía Activa, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Control Ciudadano, la Fundación Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre, Estado Miranda (COMUNIDANAS), el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y Transparencia Venezuela.
Dichas instituciones consideran discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas.
“No permitir la rectificación de los “errores de forma” que llevaron a excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana”.
Otro elemento que consideraron grave es el retraso en el procedimiento de constatación de las firmas de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, lo que a su juicio lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el CNE. Sustentaron que este trámite debió haber durado 5 días continuos.
Objetaron el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en las reglas aprobadas para estos procesos, “lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta, de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales”.
Criticaron que las nuevas normas que se han incorporado no sólo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros.
Las organizaciones civiles afirman que es un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución.
El anuncio realizado por la Presidenta del CNE el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas, señala el documento.
Creen insuficiente la información sobre el número de centros para validar las rúbricas mediante el sistema de identificación biométrico.
«Alertamos que, si el CNE concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del CNE a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad», dice el comunicado.
Las agrupaciones firmantes exhortan al CNE a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos, y exigen que se adopte una posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. (ZDAM)
NDP
