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Luis Alejandro Borrero @LABC7

Los dos hijos de Nilda Rodríguez crecieron gracias a su sueldo en la administración pública. Fueron 20 años de labores en el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). “Yo estaba trabajando allí antes que este Gobierno”. Pero eso cambió: la mañana del miércoles, la abogada sostenía una carpeta con un auto de despido firmado por el propio intendente, José David Cabello. Su crimen, cree ella, haber validado su firma para pedir un referéndum revocatorio.

20 años, ocho meses y 20 días borrados de un plumazo. A partir del 17 de junio comenzaron los despidos masivos en el organismo aduanero. Lo único que Nilda y sus compañeros —hablando por redes y comparando casos— han logrado establecer como patrón de posible causa es haber pedido un cambio de Gobierno. “Muchos no han podido venir a Caracas. Incluso tenemos una compañera despedida en plena etapa de lactancia, se violaron todos sus derechos”.

José Antonio Arriaga le hablaba por detrás al diputado Tomás Guanipa en voz baja. El parlamentario se preparaba ante los micrófonos y las cámaras en la salida del hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN) el miércoles. “Lo que le pedimos es eso, diputado, no nos abandone”. Los afectados acudieron ante el Poder Legislativo en busca de apoyo. Mostraban —a espaldas de Guanipa— los documentos de despido: eran todos iguales. “Lo que estamos presenciando es el rostro más terrible del verdadero fascismo en Venezuela”.

La mayoría opositora de la AN pidió una moción de urgencia. Se le otorgó un derecho de palabra en el hemiciclo a Arriaga y los demás afectados. Pero Guanipa ilustró que el oficialista Pedro Carreño se mostró alegre por el despido masivo: “Bien botados que están por haber firmado”, decía Carreño. Para el opositor es insólito que se confunda el derecho al trabajo. Que centenares de trabajadores hayan ejercido un derecho político no es proselitismo, afirmó Guanipa. “Esta no es sino otra forma del Gobierno de callar a quienes tienen derecho de luchar por un país mejor”.

Arriaga se quedó mudo ante la declaración de Carreño. “Imagínate ¿Qué podemos sentir?”. El abogado tenía 32 años de servicio como abogado. No hubo ninguna explicación. Su estabilidad está ahora en jaque. El documento no señala el motivo de la destitución: no son funcionarios de libre nombramiento y remoción, sino de carrera. “Ellos van a volver a sus trabajos y vamos a recuperar el Seniat”, dijo Guanipa.

Es una violación de Derechos Humanos. Guanipa dijo sentirse orgulloso por los trabajadores, que dieron un paso al frente para que Venezuela cambie. No han recibido liquidaciones —y tampoco interesa, muchos quieren volver o jubilarse—. Pero su acción habría sido imposible en años anteriores. “El pueblo despertó”. El Gobierno y quienes están allí tienen profundo miedo de perder el Poder, pues la gente ya no quiere que lo sigan teniendo, agregó el diputado. “Estamos a las vueltas de un cambio indetenible”.

Hay más de 200 casos. Pero se espera que la lista se engorde, teme Guanipa, secretario general de Primero Justicia. “Estos trabajadores no se sometieron a la humillación de excluir sus firmas. Fueron con dignidad a pedir un cambio en el país”. Los casos se van sumando. El parlamentario recordó el caso recientemente de un militar director del ministerio de Relaciones Exteriores que amenazaba al personal de ir a excluirse o de lo contrario serían despedidos. También en Zulia, donde a bachilleres se les habría quitado la beca del gobierno regional por la misma razón. Arriaga opinó que los altos funcionarios están confundidos: “No trabajamos para el Gobierno, trabajamos para el país”.

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