EFE

Autoridades mexicanas detuvieron este martes al alcalde del municipio de Álvaro Obregón, en el occidental estado de Michoacán, acusado de ordenar a cuatro policías la detención y asesinato de diez hombres, cuyos cadáveres aparecieron calcinados el pasado sábado.

El fiscal del Estado, José Martín Godoy Castro, informó que el alcalde Juan Carlos Arreygue fue señalado por familiares de las víctimas como quien ordenó al subdirector de la Policía Municipal y a tres agentes la detención de los diez hombres.

Las víctimas fueron detenidas por los policías durante la noche del viernes cuando se encontraban reunidas a las afueras de un negocio dedicado a la venta de diversos productos básicos, en Álvaro Obregón, colindante con la ciudad de Morelia, capital del estado.

Habitantes del poblado de San Juan Tararameo, ubicado a orillas del Lago de Cuitzeo y cercano a Álvaro Obregón, localizaron en una zona agrícola los cuerpos calcinados de los diez hombres, a bordo de una camioneta que también fue incendiada.

La Fiscalía del Estado informó este lunes que todas las víctimas presentaban un balazo en la cabeza realizado por la misma pistola, por lo que murieron antes de ser calcinadas.

Las autoridades detuvieron a los cuatro policías quienes acusaron al alcalde de haber ordenado el asesinato de las diez personas, como presunta venganza por problemas que mantenía con ellos.

El izquierdista partido del Trabajo (PT), al que pertenece el político inculpado, exigió a las autoridades de Michoacán que el alcalde sea sometido a un juicio justo.

El fiscal Martín Godoy respondió mediante un mensaje que en la captura de Arreygue no obedece a venganzas políticas, pero sí a la búsqueda de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Michoacán.

«Que quede claro, aquí no hay contextos políticos, aquí lo que prevalece es salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos y sobre esa base trabajamos. Estas detenciones obedecen a un mandato del poder judicial y al Gobierno le corresponde actuar en cumplimiento de la ley», dijo.

Los cinco detenidos fueron internados en el penal David Franco Rodríguez, en el municipio de Charo, donde fueron puestos a disposición de un juez local. 




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