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EFE

Los autores de la denuncia que puede llevar a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ratificaron sus acusaciones ante una comisión del Senado, que la próxima semana comenzará a definir el futuro de la mandataria, a la que responsabilizaron de “actos lesivos a la Nación”.

La comisión, formada por 21 senadores, debe redactar un informe sobre el caso que, si fuera aprobado el próximo 6 de mayo, pasará al pleno de esa cámara, que días después decidirá si abre el proceso que obligaría a Rousseff a separarse del cargo durante 180 días, en los que sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer.

Según los cálculos del Senado, si el informe pasa por  la comisión, la votación en el pleno pudiera ser convocada para el 11 o 12 de mayo.

Los senadores escucharon el primer testimonio del jurista Miguel Reale Júnior, coautor de la denuncia, quien insistió en que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno, lo que calificó de engaño al país.

“Hubo operaciones de crédito indebidas, decretos referidos a los presupuestos que no fueron sometidos a la aprobación del Congreso, como manda la ley”, y otras irregularidades que, según Reale Júnior, “constituyen crímenes de responsabilidad”, que engloban las causas que la Constitución prevé para la destitución de un mandatario.

Son conductas que atentan contra las finanzas públicas y que han llevado a la insolvencia del Estado”, declaró en alusión a la grave crisis fiscal que enfrenta el Gobierno.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), alegó que en esta fase del proceso no cabe la presentación de pruebas ni a favor ni en contra de la mandataria, frente a lo cual el PT sostuvo que se cercenaba el derecho a la defensa.

La mandataria, que reservó buena parte de la jornada para nuevas consultas con sus ministros del área política, también recibió  al argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, quien le manifestó su solidaridad y apoyo.

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