EFE
El Gobierno de los Estados Unidos está «preocupado» por la situación financiera de El Salvador, que podría caer en un impago de su deuda a corto plazo y declarar una emergencia económica, aseguró este martes la embajadora estadounidense en el país, Jean Manes.
«Queremos mostrar que estamos a su lado» porque «como socio fuerte de este país nos preocupa su situación financiera», publicó la diplomática en sus redes sociales.
La misma aseguró que El Salvador «no muestra voluntad» de buscar una solución a los problemas financieros y que esto dificulta las gestiones para que el Congreso de su país destine ayudas al país centroamericano.
«Estamos aquí para ayudar. Tratamos de convencer al Congreso de invertir aquí. Es difícil si El Salvador no muestra voluntad de buscar solución fiscal», aseguró.
El Salvador estuvo cerca de caer en un impago de más de 70 millones de dólares en pensiones de unos 160.000 jubilados, pero el Congreso reformó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que cancelaba ciertos beneficios de los pensionados, para que este asuma la responsabilidad.
El FOP, creado en 2006, pagaba ciertos beneficios de los jubilados, como el aguinaldo de fin de año, pero con la enmienda cubrirá también las pensiones vitalicias de los jubilados del sistema abandonado en 1998 y de los primeros del actual.
El 21 de septiembre, el Gobierno admitió la posibilidad de caer en un «default» de su deuda a corto plazo si el Congreso salvadoreño no aprueba la emisión de 1.200 millones de dólares a corto plazo.
La mayoría de este dinero serviría para convertir la deuda de Letras del Tesoro (Letes) en eurobonos.
Hasta septiembre anterior, la deuda por Letes de El Salvador alcanzó los 1.040 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Hacienda.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, insistió la noche de este lunes durante una cadena nacional de medios en la «necesidad» de aprobar la emisión de bonos por 1.200 millones de dólares.
Este advirtió que, de no ser autorizados estos fondos, podría declarar una «emergencia económica» para presionar a la oposición a que aprueben la emisión por la falta de liquidez en el Ejecutivo.
