Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Maigualida Figuera respiró profundo y un poco aliviada al escuchar al ministro. Al menos tendría dos semanas más para conseguir un cupo en algún liceo público para su hijo de 13 años, escolarizado desde la etapa inicial en el sistema privado. Este año no podrá pagar la mensualidad del colegio en el que estudió hasta octavo grado y no ha tenido suerte para formalizar la migración a un plantel dependiente del Gobierno. El problema es que antes de culminar clases en julio, Carabobo tenía un déficit de 180 instituciones sin contar con toda la masa de alumnos que quedó excluida de la educación privada por la severa crisis económica.

Los cálculos de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) son claros: muchos estudiantes se quedarán sin la posibilidad de asistir a las aulas durante el periodo 2016-2017. Entre 30% y 40% de las matrículas privadas están buscando ser incluidas en colegios públicos al no poder asumir incrementos de hasta más de 100% en el costo de las cuotas mensuales, en un aumento que se ha dado de la mano con los ajustes salariales anunciados por el Ejecutivo.

Arcángel Delgado, directivo nacional de la FVM, explicó que se necesitan en Carabobo entre 150 y 180 instituciones nuevas con capacidad para mil estudiantes cada una, desde etapa inicial hasta bachillerato. Pero eso no es todo. En la región hay 430 planteles que dependen de la gobernación y 630 del MInisterio. Se trata de 1060 unidades de las que 32,74%, que es igual a 400 escuelas, deben ser demolidas para ser construidas nuevamente porque sus condiciones de infraestructura así lo demandan, mientras que 70% de las restantes están en franco deterioro.

Hasta ahora no hay garantías de que se inicien las clases con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque “no hay comida en los colegios, ni la hubo de manera regular antes de las vacaciones”. También hay severas fallas en el mantenimientos de las instalaciones, “hemos visto maleza que llega hasta el techo”, y alrededor de 90 instituciones en el estado fueron blanco de la delincuencia con el robo de parte de sus equipos de computación y utensilios de cocina.

Violación de la ley

Lo que para Figuera significó mayor margen de maniobra en su intento por lograr que su hijo inicie el noveno grado en un liceo público, representa una violación a la Ley Orgánica de Educación que en su artículo 49 establece que el año escolar debe cumplirse en 200 días, número al que ya se restan cinco días en la etapa inicial primaria que comenzará actividades el 26 de septiembre y 10 días a la secundaría que arrancará el 3 de octubre, de acuerdo al cronograma presentado por el ministro Rudolfo Pérez.

El año escolar pasado tampoco cumplió con la legalidad. “Se perdieron 60 días de clases por la crisis eléctrica”, advirtió Delgado.

Todo en orden

La versión oficial es otra. Para Benjamín Martínez, director nacional de educación intercultural, ya todo está en orden para el inicio de la temporada escolar. Según informó, cada sábado de manera ininterrumpida se realizan labores de mantenimiento en las escuelas del país.

En su visita al estado Carabobo en el acto de culminación del pla agosto de escuelas abiertas y el curso de especialización de pedagogía cultural, defendió el nuevo diseño curricular y desmintió la eliminación de asignaturas elementales. “Se trata de áreas del conocimiento conjugadas. Es una manera de regionalizar las necesidades culturales y de aprendizaje. Ya no tendremos parcelitas del conocimiento que son aburridas para los alumnos porque no los conectan con la realidad”.

Se incluirá también la producción de bienes y servicios desde educación inicial y materias tradicionales como biología, física y química, “una vieja nomenclatura”, serán impartidas en seis horas a la semana en un campo denominado ciencias naturales.

Todos estos cambios aún están siendo impartidos en los docentes, “esa es una de las causas del reinicio de las clases una semana después”.





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