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Luis Borrero

Tres reporteros viajaban escondidos en la parte trasera de un rústico. Cuando el vehículo se detuvo frente a la planta potabilizadora Alejo Zuloaga, nadie podía saber que su misión allí era constatar el estado de una instalación estratégica para la salud pública de Carabobo. Lograron pasar y documentar el deterioro por la desinversión y falta de mantenimiento que hacía que se trabajara a 62% de la capacidad instalada. Sus armas: cámaras, instinto y motivación.

La tensión dominaba esa tarde de diciembre. La planta no estaba potabilizando el agua de más de tres millones de personas. Se sabía, pero había que comprobarlo. Lo que estaban a punto de hacer los reporteros de El Carabobeño lo entendían como la única forma de vencer la opacidad de las instituciones. Uno de ellos, incluso, pidió al conductor que detuviera la camioneta unos metros antes de la valla de acceso: “¿Están conscientes que, si nos agarran, el Gobierno se puede inventar algo para meternos presos?”.

La calidad del agua es un tema que no se debate en instituciones. La Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) dice: “garantizamos la potabilidad del servicio”. Lo dijo su presidenta Luigina Cercio, en la Asamblea Nacional en enero durante una interpelación. Pero los propios valores de calidad que la estatal publica en su página Web transgreden las “Normas Sanitarias de la Calidad del Agua Potable”. Lo que sale por los grifos de los carabobeños es distinto a lo que las autoridades defienden. “Ahora no voy a hablar sobre ese tema”, dijo la presidenta de Hidrocentro cuando dio una rueda de prensa sobre el fenómeno ‘El Niño’. “Cuando tenga la autorización del ministro”, fue su respuesta en una entrevista sobre la calidad del servicio. Las solicitudes y llamadas posteriores no fueron contestadas.

ENTREVISTAS IMPOSIBLES

La gestión deficiente genera opacidad. Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) revela que durante 2015 más de 200 periodistas reconocieron haber tenido trabas en el acceso a la información pública. En 75% de los casos, por parte de funcionarios de seguridad del Estado, como policías y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Retratar las colas por escasez de alimentos fue un reto. Hacer lo mismo con la crisis de medicamentos y la infraestructura hospitalaria también: 69% de los obstáculos a la información pública se dio en centros de salud.

Hasta conseguir la opinión de un mandatario es una carrera de resistencia periodística. “El Carabobeño es una institución histórica”, dijo Francisco Ameliach, gobernador, sobre la crisis de papel que obligó a la desaparición del medio con más longevidad en la región, 82 años. Pero conseguir esa frase le llevó a Beatriz Rojas, periodista de la sección ciudad, visitar el Capitolio durante más de 15 días. Nunca fue atendida. Su chance se dio durante un acto público. Rojas le tomó por un brazo y le dijo: “Gobernador, necesito que me declare, llevo dos semanas intentando hablar con usted”.

A Heberlizeth González, periodista de sucesos, se le presentó una oportunidad similar y no la desaprovechó. Los vigilantes que custodian la obra de ampliación del Internado Judicial de Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, la dejaron pasar. Hizo un recorrido y fotos sobre una obra retrasada que casi cumple 10 años. Cuando intentaron sacarla, la jefa de seguridad le preguntó quiénes eran. Revelar que trabajaban con El Carabobeño significaba borrar las fotos. Así que con un “me mandaron del ministerio” bastó.   

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