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Este martes 1° de noviembre, el Estado venezolano será
evaluado en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismo
que revisa el cumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos con los
derechos fundamentales de los Estados miembros.

En su primer ciclo del EPU, Venezuela recibió 148
recomendaciones en 29 temas. De estas, aceptó 97 y anotó 51. Además, suscribió
nueve compromisos voluntarios que incluyeron actualizar los exámenes pendientes
de cinco Tratados, los cuales se efectuaron entre los años 2013-2015. De sus
observaciones finales resultaron 159 recomendaciones de carácter vinculante, en
virtud de sus disposiciones.

En esta oportunidad, 103 países participarán en la sesión de
evaluación, y al menos 10 Estados han adelantado las preguntas que recibirá la
delegación que encabezará la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y en
los que figuran, entre otros, la ministra de para el Servicio Penitenciario, Iris
Varela; la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas; la
ministra de la Mujer, Blanca Eekhout; la magistrada del Tribunal Supremo de
Justicia, Francia Coello; son otras de las funcionarias que figuran en la
comitiva integrada por 19 personas, diez de ellas mujeres.

Las preguntas

Gran parte de los cuestionamientos se fundamentan en la
actuación del Estado venezolano –entre otros aspectos- en materia de libertad
de expresión, uso excesivo de la fuerza pública, derecho a la protesta, ejecuciones
extrajudiciales, igualdad de género y separación de poderes.

Por ejemplo, Estados Unidos, México, Países Bajos, Reino
Unido, Bélgica y Alemania hacen énfasis en cómo Venezuela creará un mecanismo
propicio para tener acceso a la información pública, evitar el acoso e
intimidación de periodistas y representantes de la prensa independiente con
investigaciones administrativas y penales, basados en acusaciones de
desestabilización.

Otro tema que saldrá en la sesión de este martes será la independencia
de poderes y la cuestionada subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, y el
uso de las instituciones del Estado para perseguir a los opositores y
disidentes del Gobierno. Estados Unidos, Alemania y la República Checa harán
foco en este aspecto.

La escasez de alimentos y medicinas no escapará de la sesión
de diálogo interactivo. Las preguntas –otro país que se suma a esta petición es
Suecia- apuntan a qué hará el Estado venezolano para mejorar la oferta nacional
de ambos rubros y asegurar la plena aplicación de las recomendaciones que en
2015 realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La emisión de la invitación al país de los relatores
especiales sigue siendo materia pendiente para Venezuela. Estados Unidos, Suecia,
Bélgica y Países Bajos coinciden en la pregunta, tanto en libertad de expresión
como en tortura.

Alemania, concretamente, se interesa por la actuación de los
cuerpos de seguridad y de orden público y pregunta qué medidas prevé el
Gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de
derechos humanos, y usan como argumento lo sucedido durante las protestas de
2014 y la puesta en práctica de la llamada “Operación de Liberación del
Pueblo” (OLP). 

Esto parte de la premisa de que Venezuela continúa como uno
de los países más violentos de América Latina, aspecto que también tomaron en
cuenta Bélgica, Suecia y Estados Unidos.

Con información de Enviados Especiales del Instituto Prensa y
Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela). 

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