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AP

El presidente Evo Morales enfrenta la mayor crisis social en más de una década en el poder tras la muerte de dos manifestantes y el asesinato de un viceministro a manos del poderoso sector de los mineros artesanales, que exigen asociarse con privados para hacer frente a la caída en los precios de los metales.

El mandatario boliviano calificó de “conspiración política” el secuestro y asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes ocurrido la víspera en la localidad de Panduro, 130 kilómetros al sur de La Paz, adonde el funcionario había acudido para intentar dialogar con los mineros tras tres días de cortes de carreteras que dejaron dos mineros muertos en choques con la policía.

“Esta es una conspiración política, no una reivindicación social”, dijo Morales en rueda de prensa al señalar a los opositores políticos por alentar la demanda de los mineros. Pero sus declaraciones fueron rechazadas por la oposición. “Haría bien que Morales sea autocrítico y deje de lado falsas teorías de conspiración y de culpar a la derecha y a los medios de comunicación cuando el trasfondo de estas protestas es la crisis”, dijo el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), uno de los líderes de la oposición.

Tras el asesinato de Illanes, los mineros se retiraron el martes de las carreteras luego de tres días de protestas y sus dirigentes estaban ocultos. La policía allanó el viernes las oficinas del gremio y detuvo a 15 personas.

Morales demandó a la fiscalía buscar y detener a los autores “materiales e intelectuales” del asesinato de Illanes cuyo cuerpo fue abandonado en la carretera el jueves en la tarde. Una capilla ardiente fue instalada el palacio presidencial con el féretro del abogado y docente universitario, militante del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Funcionarios de gobierno y legisladores le rendían honores.

Según los informes oficiales, Illanes fue tomado de rehén y torturado. Murió por traumatismo, según el informe forense. Su coche fue incendiado por los manifestantes.

Estos mineros llamados cooperativistas suman más de cien mil y están asociados a cooperativas que ellos mismos administran. El Estado en la década de los 80 les entregó minas casi agotadas que explotan con reducido capital y precaria tecnología. Arrancan el mineral de la roca a punta de dinamita y barreno. Producen zinc, estaño, plata y oro.

Al ser empresas de autoempleo el estado los liberó de algunos impuestos pero en los años del auge de precios, muchos de ellos se hicieron ricos y comenzaron a contratar obreros bajo su dependencia a los que ahora impiden sindicalizarse.

Mientras duró el auge de los precios los mineros artesanales fueron aliados del presidente Morales y lograron escaños en el Poder Legislativo, dominado por el gobernante Movimiento al Socialismo.

Pero la negativa del gobierno a permitir que se asocien con capitales privados los ha puesto en pie de guerra. El gobierno ha dicho que al ser empresas de carácter social, no lucrativas y con beneficios impositivos no pueden asociarse a capitalistas privados. También reclaman nuevos yacimientos y rebajas en las tarifas eléctricas para sus empresas.

Morales dijo que sus ex aliados tienen “exageradas ambiciones”. Su gobierno enfrenta una creciente agitación social desde principios de año cuando la desaceleración comenzó a golpear a una economía basada en la exportación de gas natural y minerales, que representan poco más de 70% de las ventas al exterior. Los ingresos por exportaciones se han reducido en un tercio en el primer semestre.

El mes pasado Morales afrontó protestas de la Central Obrera Boliviana tras el cierre de una fábrica estatal de textiles que dejó cesantes a más 800 personas y antes había tenido que sortear una larga protesta de discapacitados que reclamaban un aumento en sus subsidios estatales.

Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros que tenían como arma de la lucha la toma de carreteras, ha culpado de las protestas a la dividida y débil oposición política, a la que acusa de alentar una supuesta conspiración en su contra.

Según analistas la fortaleza política de Morales se ha visto mermada por las denuncias de corrupción que ensombrecen a su gobierno. En febrero el mandatario sufrió su primera derrota en las urnas en un referendo sobre una eventual cuarta postulación a la presidencia después de que se hicieran públicas denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito que lo comprometen a él y a una antigua pareja.

No obstante, la estabilidad económica ha sido la mayor fortaleza de Morales y pesar de la caída de ingresos, se estima que el producto interno bruto del país crecerá 3,9%, la tasa más alta de Sudamérica.

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