EFE
Un centenar de organismos civiles pidieron este viernes al
Gobierno mexicano «pleno cumplimiento» de las recomendaciones sobre
derechos humanos emitidas por la ONU a raíz de una visita al país en octubre de
2015 y «romper el círculo de impunidad por medio de instituciones
autónomas».
En un comunicado conjunto señalaron que la respuesta del
Estado a las recomendaciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, «no muestra la suficiente voluntad de
avanzar para resolver la profunda crisis» que se vive en este país en esa
materia.
El Gobierno de México se comprometió el jueves a
«considerar y atender» las recomendaciones, que calificó de
«constructivas», si bien aclaró que, en algunos casos, depende de
decisiones de otros poderes federales o de las autoridades estatales.
Las agrupaciones defensoras de los derechos humanos
consideraron importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la
impunidad, en concreto un Consejo de expertos en la materia que asesore al
Estado, realice un diagnóstico y genere una discusión pública de las acciones
prioritarias.
«Esta recomendación refleja un análisis que compartimos
al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que
impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por
los derechos de la población», aseguraron.
Al respecto, el Gobierno respondió que esa recomendación
«podría atenderse», pero recordó que el país cuenta ya con
«instituciones autónomas que promueven y defienden los derechos
humanos».
Las ONG consideraron «imprescindible» la creación
de una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos
humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los
órganos de administración de justicia.
Solo así «se darán pasos hacia una investigación
efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de
renombrar instituciones», señalaron.
Exigieron al Congreso la aprobación de las leyes generales en
materia de tortura y desapariciones forzadas acordes con el derecho
internacional, otro tema prioritario identificado por la ONU-DH, después de
diez meses estancadas.
Según las agrupaciones, las recomendaciones, entre las que
figuran la creación de un registro unificado de detenciones y la reorientación
de la política de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana, muestran
una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que sufre el país.
Entre las organizaciones firmantes están el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el de la Montaña
Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la red Todos los
derechos para todas y todos.
Este viernes, el Gobierno mexicano reiteró «su
compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, y su
colaboración con la ONU», en un comunicado conjunto de las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de
la República (Fiscalía).
El texto indicó que funcionarios de alto nivel del Gobierno
mexicano se reunieron el jueves con el alto comisionado Al Hussein en
seguimiento a su visita de 2015 y a sus recomendaciones derivadas de la misma.
«Durante la reunión se entregaron las respuestas del
Gobierno de México a dichas recomendaciones, al tiempo que se refrendó la
voluntad de seguir colaborando con la Oficina del Alto Comisionado a fin de
fortalecer las acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto de
los derechos humanos», apuntó.
El Gobierno reconoció los desafíos del país en materia de
derechos humanos, «en particular para hacer frente a prácticas
inaceptables como la desaparición de personas o la tortura, así como para
atender a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas y
adolescentes, personas migrantes y personas defensoras de derechos humanos y
periodistas».
«En todos los rubros, el Gobierno ha puesto en marcha
políticas y acciones concretas, y continuará trabajando para atenderlos de la
mejor manera posible, para lo que el trabajo con actores internacionales y de
la sociedad civil es fundamental», subrayó.
