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AFP

Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y un auditor de Pdvsa, figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales, según una investigación periodística internacional divulgada este domingo. Las irregularidades se conocieron tras una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.

El capitán retirado del Ejército Adrián Velásquez, quien fue guardia personal de Chávez, fue señalado de abrir compañías en un paraíso fiscal en Seychelles, así como en Panamá y Caracas. Velásquez, según reseño Univisión, está casado con Claudia Díaz, quien fue enfermera del exgobernante, tesorera de la Nación y estuvo al frente de un millonario fondo de desarrollo (Fonden). 

La misma estrategia fue usada por el general retirado chavista Víctor Cruz Weffer, primer caso emblemático de corrupción durante la gestión de Chávez, acusado de desviar aproximadamente un millón de dólares para su bolsillo. Por su parte, Jesús Villanueva, auditor de la estatal petrolera Pdvsa cuando era dirigida por Rafael Ramírez -actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas- desvió fondos millonarios a una empresa en Panamá.

La filtración, conocida como “Panama Papers” o “Papeles de Panamá”, afecta a personalidades de todo el mundo como el presidente ruso, Vladimir Putin, el presidente argentino, Mauricio Macri, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini.

– Narcos, políticos y empresarios usaron los servicios de una firma panameña para ocultar sus fortunas

¿Qué son los Panamá Papers?

El edecán que escondió una fortuna

Adrián José Velásquez Figueroa es un capitán retirado del Ejército, de 36 años de edad, que fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores durante  la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Actualmente está residenciado en Punta Cana, República Dominicana, junto con su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, ex presidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y ex oficial de la Armada.

Este hombre es uno de los clientes que acudieron a los servicios de la firma Mossack Fonseca. La palabra “Venezuela” aparece en más de 241.000 documentos de corrupción. La firma fundada por Jurgen Mossack y Ramón Fonseca ha estado involucrada en escándalos de sobornos en Brasil, así como en la trama de la presunta desviación de fondos del gobierno de la presidenta argentina Cristina Kirshner.

Algunas de las sociedades incorporadas por el bufete están relacionadas con empresarios bajo investigación criminal por millonarias exportaciones ficticias que se hicieron desde Ecuador hacia Venezuela.

– El ex jefe se seguridad de Chávez que supo resguardar su dinero

La respuesta de Mossak Fonseca

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que “no alberga o promueve actos ilegales” y que la versión de que proveyeron estructuras societarias para esconder la identidad de los verdaderos interesados “es completamente infundada y falsa”.

El co-fundador de la firma, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que su empresa no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore. Lo comparó con una “fábrica de autos”, cuya responsabilidad termina una vez que el vehículo es producido. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería, dijo, como culpar a la fábrica de autos “si el auto se usa en un robo”.

El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compañías anónimas “pantalla” o “shelf-companies”, muchas veces para poder disfrazar los orígenes de dinero sucio o de evasión impositiva.

– La compañía informó que siempre habría operado de forma intachable

Modus operandi

Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, Jesús Villanueva, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.

El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear una nueva denominación.

Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.

Pero dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.

Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.

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El auditor de Pdvsa

Según los correos electrónicos la firma decidió no tener a Villanueva Rojas, auditor de Pdvsa durante la presidencia de Chávez, como cliente por sus vinculaciones con el Gobierno, por lo que posteriormente  se pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.

Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”, expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.

Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.

La investigación del Caso Panamá Papers fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con 109 medios en todo el mundo.

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