El Gobierno de Venezuela condenó este miércoles lo que consideró como un «golpe de Estado parlamentario» consumado en Brasil con la decisión del Senado brasileño de destituir definitivamente de la Presidencia a Dilma Rousseff.

Asimismo, «en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil», Venezuela «ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario», indicó en un comunicado la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano anunció también el inicio de un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de Brasil, «que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas».

Esta es una decisión con la que «peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país», señaló el despacho de la diplomacia venezolana en el escrito.

El Gobierno de Nicolás Maduro, uno de los más cercanos aliados de la Administración de Rousseff, acusó a «las oligarquías políticas y empresariales, que en alianza con factores imperiales consumaron el Golpe de Estado contra la Presidenta Dilma Rousseff».

La destitución de la política brasileña fue hecha bajo «artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad», indicó en el texto.

Así las cosas, el país expresó su solidaridad con Rousseff, y «con los millones de mujeres y hombres que mediante el voto directo y secreto eligieron a la Presidenta».

«Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia en la República Federativa de Brasil», añadió.

El Gobierno chavista reiteró la tesis de que la medida contra Rouddeff forma parte de una «embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social».

El fin último de este supuesto plan es acabar con «los modelos de genuina democracia y de integración unitaria de la Región alcanzados por los presidentes (Venezuela) Hugo Chávez, (Argentina) Néstor Kirchner, (Brasil) (Luiz Inácio) Lula da Silva, (Bolivia) Evo Morales, (Uruguay) Tabaré Vázquez y (Ecuador) Rafael Correa. 




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