Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
La fórmula se repite con exactitud. Tres funcionarios del Ministerio del
Trabajo son escoltados por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y llegan con carpetas en mano y una solicitud principal: el reenganche a
sus puestos de los trabajadores suspendidos de las diferentes dependencias de
Cervecería Polar. Es un proceso que lejos de finalizar se profundiza en cada
una de las agencias de distribución de la firma, donde se opera a mínima
capacidad y los representantes legales no hacen otra cosa que insistir en
que al no existir despidos la petición no aplica.
En promedio el operativo tarda entre cinco y siete horas. La mañana del
martes llegaron a las sedes de almacenamiento y despachos a la red de
franquiciados de La Guacamaya y La Quizanda en Valencia. Los funcionarios no
pudieron entrar a la empresa. Los trabajadores activos lo impidieron y fueron
recibidos en la entrada, donde habilitaron una mesa para que hicieran las
inspecciones a los documentos que con detalle pidieron.
En La Guacamaya, la agencia más grande de Carabobo, desde que se
reiniciaron operaciones en la planta San Joaquín el seis de julio, no han
logrado almacenar nada de mercancía. “Lo que llega es tan poco que es
despachado de inmediato”, relató un trabajador del lugar, donde los
funcionarios solicitaron la presencia del gerente de operaciones comerciales,
Carlos Feo. “Pero preferimos que no saliera porque por el tono amenazante
temimos por su seguridad”, aseguró Michelle Rodríguez, analista de la empresa.
En las afueras había un grupo de más de 30 personas identificados con
sus uniformes como parte de la nómina. Se trataba de los suspendidos, quienes
prefirieron no declarar a la prensa. “Ustedes todo lo van a publicar a
beneficio de Lorenzo Mendoza”, expusieron varios.
En esa agencia y en La Quizanda, trabajadores de Empresas Polar de
diferentes plantas como Salsas y Untables y Pepsi Cola, se concentraron para
brindar apoyo a la firma y rechazar la acción del Gobierno.
