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EFE

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) lamenta que el tiempo “excesivamente largo” para formar un nuevo Gobierno en España haya supuesto la suspensión de “varias reformas anunciadas” para luchar contra la corrupción.

En un informe publicado este domingo sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de prevención de la corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales, el Greco concluye que de once recomendaciones que le había formulado, España ha incumplido seis y ha puesto en marcha parcialmente cinco.

En esa circunstancia, los expertos de la organización paneuropea confían en que “la nueva legislatura continuará los trabajos comprometidos para la elaboración de un código de conducta para cada una de las cámaras del Parlamento”.

Aún están pendientes el reexamen de la declaración de bienes, la creación de un mecanismo para sancionar los actos punibles y la reglamentación aplicable a los grupos de presión, “esperada desde hace mucho tiempo”.

Siguen pendientes las reglas de evaluación de altos funcionarios judiciales, ampliar el plazo de prescripción de expedientes disciplinarios y mejorar la transparencia fiscal general-Gobierno.

Lamenta el Greco que no haya habido compromiso alguno “sobre el modo de reforzar la independencia” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “tanto en la teoría como en la práctica”.

Y señala que la Ley de Transparencia, esperada desde 2004 y aprobada en 2013, “ha permitido obtener resultados concretos”.

Recuerda en el documento que en las elecciones municipales de mayo de 2015 los electores expresaron “un profundo deseo de cambio”, a la vista de que “el sistema tradicional de dos partidos voló en pedazos tras los escándalos de corrupción que les salpicaron”.

El Greco se congratula por el funcionamiento de los portales de transparencia del Congreso y del Senado, y del grupo de trabajo del CGPJ para elaborar un código deontológico que dote de transparencia al sistema judicial y otro código en el ámbito de los fiscales.

El próximo año, España tendrá que presentar un informe con los progresos realizados en las recomendaciones parcial o totalmente incumplidas de este cuarto ciclo de evaluación.

España fue uno de los países fundadores del Greco en 1999 a instancias del Consejo de Europa para examinar las legislaciones contra la corrupción de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, más Estados Unidos y Bielorrusia. 

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