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 EFE

Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea denunciaron hoy casos de detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.

En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por el que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas “violentas”.

“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos ilegales – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

Las dos organizaciones analizaron testimonios de “decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas”, sostiene el comunicado sobre el informe.

En otros dos estados, Mérida y Táchira, analizaron información de organismos, defensores de derechos humanos y fuentes oficiales.

El pasado febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de ejecución de la OLP en 2015, y “decenas más han sido asesinadas” desde que empezó este año, según HRW.

Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a “enfrentamientos” con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron “20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento“.

Entre ellos hay “varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial”, de acuerdo con el informe.

Un ejemplo es el ocurrido el 17 de agosto pasado, cuando “agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato”, apunta el reporte.

Tras consultar documentos oficiales y otras fuentes, Provea y HRW identificaron “3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos” en el contexto de las redadas de la OLP.

Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad “detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas” entre julio y enero y “menos de 100 fueron finalmente acusadas” de algún crimen, y deportaron a “cientos de colombianos” que “habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados”.

Las organizaciones instaron al Gobierno venezolano a llevar ante la Justicia “a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos” y a “adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial” en el país.

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