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EFE

La Fiscalía boliviana acusó formalmente a un minero que estuvo junto al viceministro Rodolfo Illanes antes de que fuera asesinado a golpes por una turba, con lo que suman diez los imputados dentro de las investigaciones por este caso.

En declaraciones a los medios en la ciudad de Sucre, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló este viernes que el nuevo detenido es el minero Freddy Cruz.

“Se ha tomado su declaración y se ha imputado al señor Cruz, que es la persona que estaba al lado del señor Illanes ese día, antes de que acabaran con la vida del viceministro”, dijo Guerrero.

Cruz fue imputado por los delitos de “asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, según un comunicado del Ministerio Público.

La Fiscalía basó su acusación en declaraciones de testigos, vídeos y fotografías que muestran que el minero estuvo presente en el momento “del secuestro y la muerte del viceministro”.

Otros nueve mineros están en prisión desde el domingo y han sido imputados por el asesinato, incluido el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Carlos Mamani.

El viceministro Illanes fue secuestrado, torturado y asesinado a golpes el pasado jueves 25 de agosto por los mineros de cooperativas que bloqueaban una carretera en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz.

La autoridad fue al lugar para intentar un acercamiento con los manifestantes que se oponían a una ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas por considerarla perjudicial para el funcionamiento de esas organizaciones.

El conflicto también se saldó con las muertes de los mineros Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Arapaya y Pedro Mamani por heridas de bala sufridas durante las operaciones policiales para desbloquear las carreteras, y de Freddy Ambrosio, por una mala manipulación de explosivos.

El Ejecutivo boliviano firmó este jueves varios decretos para imponer una dura regulación sobre el sector, entre ellos una norma para revertir a dominio del Estado todas los áreas mineras que los cooperativistas entregaron de forma irregular a empresas nacionales y extranjeras.

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