EFE
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, cumplió este lunes tres años al frente del Gobierno sin celebrar ningún acto oficial, mientras que organizaciones de izquierda y grupos campesinos se manifestaron por las calles de Asunción exigiendo su dimisión.
El mandatario afronta los dos años que le quedan en el Ejecutivo cuando las previsiones del Banco Central de Paraguay apuntan a un crecimiento del 3,5 % del producto interior bruto para 2016, pese a la recesión de los países de la región.
Cartes, un rico empresario del conservador Partido Colorado que asumió el cargo el 15 de agosto de 2013, se marcó como ejes de su política la disminución de la pobreza, de la corrupción, la atracción de la inversión extranjera y el desarrollo de las infraestructuras, de las más atrasadas de América Latina.
Un 22,2 % de los paraguayos vive en situación de pobreza, lo que se traduce en un millón y medio de personas en una población que no llega a los 7 millones de habitantes, según los últimos datos oficiales.
En el último año, el Gobierno asegura haber redoblado los esfuerzos para la erradicación de la pobreza con un aumento de los gastos sociales y la distribución de viviendas a los más desfavorecidos a través de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat.
También asevera que se está en la última fase para la consecución de los principales proyectos amparados en la ley de Alianza Pública Privada (APP), destinada a modernizar las deficientes infraestructuras de Paraguay.
En ese sentido, para finales de este año el Gobierno prevé el llamado a licitación de obras y servicios por 5.040 millones de dólares, a ser financiados con bonos soberanos o mediante la APP, entre otras fórmulas, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En cuanto a la corrupción, Cartes destacó, en su último informe anual en el Congreso, en julio, los avances logrados en ese terreno a través de la ley de transparencia.
Esta ley obliga a las instituciones estatales a divulgar todos los datos que no estén legalmente definidos como secretos.
En otro ámbito, el de la lucha contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el balance este año en el poder se cierra con un nuevo secuestrado, con lo que suman tres los cautivos de ese grupo armado.
El último de esos rehenes es un colono menonita de 17 años secuestrado el mes pasado, que se une a otro menonita que permanece en cautiverio desde hace un año.
Y desde hace dos años el EPP tiene secuestrado a un oficial de policía.
Esos secuestros han provocado las críticas de la clase política a la Fuerza de Tarea Conjunta, el combinado de militares y policías que fue creado en el primer año de mandato de Cartes con el objetivo de combatir a la guerrilla.
El Frente Guasu, del expresidente y actual senador Fernando Lugo, ha anunciado que en los próximos días propondrá la derogación de ese cuerpo.
La formación de Lugo es uno de los grupos que componen la alianza de izquierdas Congreso Democrático del Pueblo, que hoy realizó una manifestación en Asunción para pedir la dimisión de Cartes.
Los manifestantes, cercanos al millar, emitieron proclamas denunciando la corrupción política, las condiciones del campesinado, la inexistencia de una reforma agraria y acusando a Cartes de gobernar para los ricos.
También se expresaron contra la ley de Alianza Publico Privada, que consideran es una privatización encubierta.
La marcha también denunció irregularidades en el sistema judicial paraguayo recordando la sentencia sobre la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de once labriegos y seis policías y la posterior destitución de Lugo en un controvertido juicio parlamentario.
Los participantes exigieron la nulidad del juicio, después de que en julio un tribunal dictara condenas de entre 4 y 30 años de prisión para once personas.
Además se denunció que los condenados fueron procesados en relación a la muerte de los seis policías, mientras que no se investigaron las muertes de los once campesinos.
Está previsto que Cartes se dirija el próximo martes a los paraguayos en un mensaje televisivo con motivo de sus tres años de mandato, que finaliza en 2018.
