Luis Alejandro Borrero | @LABC7
Era imperativo mantenerlos presos. Las explicaciones, de momento, poco importaron. Elenis Rodríguez, parte de la defensa de Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, lo describe de esa forma. Denunció que los jóvenes activistas de Voluntad Popular —y presos por promover el referéndum revocatorio— siguen detenidos cuando su expediente ya acumula elementos que vician de nulidad el proceso.
El más destacado, por ejemplo, es que la jueza del tribunal 2º de Control de Cojedes, María Merchán, decidió la privativa de libertad sin anexar a la decisión el auto motivado. Ese es un documento donde el juez explica sus razones para tomar una decisión. “La jueza alegó el lunes que en los próximos días publicaría el auto motivado”. Para Rodríguez es descabellado admitir toda la precalificación de delitos que hizo el Ministerio Público y dictar la sentencia privativa de libertad sin tener todos los elementos de convicción.
San Miguel y Márquez fueron detenidos el pasado domingo 19 de junio en Cojedes. Ellos se dirigían hacia Portuguesa para promover la movilización de personas para la validación de firmas del referéndum revocatorio que se pretende activar contra el presidente Nicolás Maduro. Se les incautó presuntamente dos millones 900 mil bolívares en efectivo y panfletos con la cara de Leopoldo López. Se les acusó por legitimación de capitales e instigación pública. Pero Rodríguez agregó que ni siquiera concuerdan las actas policiales con las del expediente en cuanto a lo que se encontró e incautó: otro vicio de nulidad.
Es claro el estado jurídico de los jóvenes. Está corriendo el lapso de 45 días de investigación. Rodríguez adelantó que la defensa no esperará a que concluya ese tiempo sin hacer nada. Tienen cinco días para hacer una apelación de la decisión de Merchán, que vencen el jueves. Y en efecto harán la apelación. “Queremos evitarnos sorpresitas del tribunal”.
La abogada y directora de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci) cree que el Gobierno es capaz de todo. Que se haya apresado a San Miguel y Márquez, dos jóvenes estudiosos y reconocidos en el mundo académico (abogados de 24 y 30 años), en una cárcel como la 26 de julio en Guárico puede tener un simbolismo: allí se les uniformó, rapó el cabello y ya se les obliga a participar en el orden cerrado militar que allí se imparte como resultado del régimen penitenciario. “Aún no se les obliga a decir consignas pro oficialistas”, aclaró. Pero considera una violación de derechos que sean tratados como presos comunes y que el Estado omita la presunción de inocencia.
