Dayrí Blanco|@DayriBlanco07
La decisión se dio. Desde el lunes 4 de julio se levantó el Programa de Administración de Carga (PAC) tras la subida de los niveles de la represa Guri. Pero hay aspectos inherentes al sector eléctrico nacional que no cambian. Los cortes no programados persisten como parte de una crisis que no ha cesado al mantenerse un déficit de 37% en la generación necesaria para garantizar el servicio sin interrupciones en todo el país.
Solo 15 mil megavatios (MW) se producen entre las plantas termoeléctricas y la hidroeléctrica en el país de 23 mil 770 MW que demanda la población. La falta de mantenimiento y de actualización de equipos ha sido determinante.
A esto se le suma el mal estado de los vehículos de los los centros de distribución y la necesidad no atendida en la inversión para el mantenimiento en las redes, según alertó, Ernesto González, directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec).
No hay recursos. Esa es la realidad. Corpoelec no cuenta con presupuesto para pagar la reparación de un caucho o el costo del combustible. Tampoco tienen pértigas para subir el fusible de un tabaco, ni guantes de seguridad, ni botas aislantes.
Hasta finales de 2015 los trabajadores aportaban de sus salarios para el pago de estos gastos básicos y garantizar así el servicio a las diferentes comunidades. Pero ya el sueldo no les alcanza ni para las cuentas familiares y desde el Gobierno no se concreta la firma del nuevo contrato colectivo que tiene más de cinco años vencido y 15 meses en discusión, incumplimiento que propició una huelga nacional de “brazos caídos” que inició este miércoles 6 de julio.
Se trata de una acción de protesta que cuenta con el respaldo de 38 de los 42 sindicatos que agrupan a los 50 mil trabajadores de la estatal que no cesarán en sus reclamos. “Se trata de una burla dilatoria en la que el principal responsable es el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera quien inexplicablemente busca agotar a la clase laboral”.
El viernes 8 de de julio acudirán a una marcha nacional que tendrá como destino la vicepresidencia de la república en demanda a que se dé el ejecútese de los derechos laborales.
Despidos políticos
“Sacar a los escuálidos de Corpoelec”, esa es la orden. Y así fue dada por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, el pasado 22 de diciembre, según denunciaron Norma Torres y Luis Canelones, directivos sindicales del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos del Estado Carabobo (Sipresec) y miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete).
Los trabajadores aseguraron que el funcionario ha implementado lineamientos unilaterales en perjuicio de la nómina, sus líderes y organizaciones sindicales. “Llama a los trabajadores saboteadores, terroristas, ha privado de libertad a compañeros como los de Termo Zulia y Táchira, quienes aún siguen detenidos violando el debido proceso, sumándose ahora un montón de despidos a quienes firmaron para el referendo revocatorio en una especie de lista de Tascón”.
Con la Constitución en sus manos hicieron referencia al artículo 5 que establece que la soberanía reside en el pueblo intransferiblemente y que, entre las diversas maneras de ejercerla, está el sufragio. Además, en el artículo 6 se queda claro que el Gobierno, es de “mandatos revocables”; mientras que el artículo 70, señala que la revocatoria de mandatos es una de las formas de participación política de los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía y, finalmente, el 72 asegura que todos los cargos de elección popular son revocables.
Los sindicalistas agregaron que otras formas ejecutadas por la gerencia de Corpoelec en su afán de que haya deserción y despidos masivos, son la desprofesionalización, el acoso y hostigamiento. “Esto se ha sumado al camino tortuoso que estamos atravesando los más 42 mil trabajadores activos y 10 mil jubilados con el tema del contrato colectivo vencido y cuya discusión se ha hecho con demoras que se han traducido en el maltrecho vivir y sobrevivir de quienes hacemos vida en la empresa”.
