Sara Pacheco
La protección de los derechos humanos es un deber de todos. Más que una simple frase, es el precepto y nombre del foro organizado por el abogado en materia penal Eliezer Jiménez y Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, joven fallecida en 2014, en el auditorio del Centro Cultural Eladio Alemán Sucre de El Carabobeño este lunes 19 de septiembre.
Se busca explicar y resaltar casos de las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos en Venezuela estos últimos años. Hay una política de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, no solo en materia política sino con derechos a la salud, trabajo e incluso ambientales, expresó Jiménez.
En Carabobo existen tres personas detenidas por razones políticas, dos en el Penal de Tocuyito y una en el Sebin. Una de estas personas es oriunda del estado Zulia. En toda Venezuela suman 109, cifra que se ha triplicado desde que Nicolás Maduro, asumió la presidencia de la nación. Solo en 2014 en Carabobo hubo 360 detenciones arbitrarias, 80% de ellas se mantiene con medidas cautelares.
Como invitados en el foro estuvieron Naileth Gerezano, madre de Andrés León, ex preso político; el abogado Joel García, perteneciente a la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (Fundesi); el alcalde del municipio Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz; la jefa de Redacción de El Carabobeño, Carolina González, y el presidente del Colegio Enfermeros del estado Carabobo, Julio García.
Una dictadura de corte moderno
Para Joel García, lo que se vive en Venezuela es una dictadura de corte moderno, donde hay libertades hasta que al gobierno le parezca. Cada día se ven detenciones arbitrarias por parte del Sebin. Lo comparó con la época de Marcos Pérez Jiménez y con la Seguridad Nacional o las torturas en la cárcel de La Rotunda, cuando Juan Vicente Gómez era el Jefe de Estado.
“La libertad es un mito en Venezuela. Tu libertad depende del director o ministro de turno de la cartera de relaciones interiores y justicia”, detalló. García maneja casos como el de Carlos Melo, que será desmontado en una rueda de prensa, pues fue un mal guión por parte del gobierno.
El patrón de violaciones se ha hecho predecible. García explicó que cuando llega una protesta el Gobierno detiene a jóvenes y los envía a la Penitenciaría General de Venezuela para crear pánico en otras personas, o en sus padres, y de esta manera evitar que salgan. Los presos políticos tienen una razón, asustar a la sociedad.
García alegó que todos los venezolanos viven en libertad condicional. “Si a ti te quieren meter preso mañana, sin hacer absolutamente nada, quedas preso, porque no hay institución que funcione. La dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público no funciona. La Defensoría del Pueblo no funciona. Están creadas y tiene funcionarios, pero no obran en contra del Gobierno”. Este año, según un trabajo de la organización Vente Venezuela, hubo al menos una detención al día.
Jiménez en cambio, definió como ocurren estas detenciones sistemáticas paso a paso. Primero se realiza un señalamiento por parte de los medios oficiales o públicos. Luego viene la persecución por parte de fuerzas del Estado, posteriormente el secuestro político, donde la persona es incomunicada. Cuando reaparece es presentado al órgano jurisdiccional. Cuando todo pasa ya han transcurrido las 48 horas de detención que en cualquier buena democracia anularía la acusación, según los parámetros judiciales.
Los políticos trabajan para los ciudadanos
Puede sonar cliché, pero es una oración que muchos no han entendido. Para Rosa Orozco, es la tarea más importante. “El venezolano tiene que instruirse porque no estamos para servirle a los políticos. Le pagamos con los impuestos. Nosotros no trabajamos para ellos, los políticos trabajan para nosotros”.
Le parece irónico que decretos contra violaciones de derechos humanos, que están consagrados en la Constitución de la República, estén firmados por Diosdado Cabello y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
“Este país no fue en el que yo nací” sentenció. Su lucha va más allá de lo ocurrido en 2014, va en pro de todos los derechos humanos de cada venezolano. Al preguntarle si con el asesinato de su hija Geraldin pensó en emigrar, respondió sin pensar “primero arreglo mi país, después pienso si me voy”.
Espera que este tipo de foros se multipliquen, sobre todo para dar el mensaje de resistencia y pacifismo a otras personas. “Maduro sale mañana y esto no se va a acabar, es un trabajo constante. El pueblo venezolano debe saber y entender que el país se construye entre todos”.
El alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, invitó a los presentes a hacer las cosas bien, sin importar las consecuencias. «No hay que tener temor de obrar según la legalidad, aunque ello pueda implicar riesgos!
La jefa de Redacción de El Carabobeño, Carolina González, ahondó en los derechos que se vulneran a los lectores cada vez que se vende o se cierra un medio de comunicación. «Se pierde el derecho a la denuncia y la posibilidad de conocer lo que acontece en una región o en el país, pero también se somete al lector a informaciones que pretenden hacerle creer en un mundo de fantasía, ese que quiere dibujar el gobierno pero que en realidad no existe»
Conocer derechos, respetar deberes
Naileth Gerezano vivió el infierno de tener a su hijo detenido por razones políticas. El caso de Andrés León fue conocido en todo el país, como una muestra más de violaciones del debido proceso. El sufrimiento por estas detenciones lo padecen los privados de libertad y más aún sus familiares
Para Gerezano la lucha es interminable, no solo con un cambio de Gobierno, es una secuencia. Es un trabajo constante que no mejora con cambiar rostros del poder. “Desde que el gobierno se instaló hay violaciones de derechos humanos, pero hoy hemos llegado al límite. No solo de los privados de libertad, sino de quienes deben hacer colas de horas para comprar algo de alimento, de los que tienen familiares enfermos y no consiguen los medicamentos”.
Precisamente sobre el aspecto médico conversó Julio García, presidente del colegio de enfermeros. Datos contundentes como que el 30% de las terapias intensivas en el país ha cerrado, servicio que desde el 5 de agosto no existe en el Hospital de Mariara, son muestras claras de la emergencia humanitaria en el sector salud.
En el aspecto de los insumos, señaló que hay una cadena de responsables, donde el último eslabón son los trabajadores.
