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EFE 

Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentaron este jueves una demanda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en la que denuncian la supuesta “persecución judicial” que sufre su cliente, investigado por corrupción.

El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó sobre la presentación de la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos, quien explicó los términos de la acción en un vídeo grabado en Ginebra, a las puertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según Robertson, Lula “ha visto su privacidad escandalosamente invadida. Su teléfono, los de sus familiares y los de sus abogados fueron intervenidos. El contenido de muchas de esas conversaciones fue enviado a la prensa y todo eso contraría leyes internacionales y las reglas básicas que protegen la privacidad individual”.

En el vídeo, difundido por el Instituto Lula, el abogado afirma que “todo esto está siendo hecho por un juez que puede ser un buen investigador de la corrupción, y la corrupción debe ser investigada, pero cuando se trata de juzgar es preciso tener a alguien completamente imparcial”.

Alude así al juez Sergio Moro, responsable de la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras y que con ese proceso ha llevado a prisión a influyentes políticos y poderosos empresarios, lo cual le ha dado fama de inflexible e inusualmente duro.

Según Robertson, la imparcialidad es una de las grandes normas que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU garantiza y que ya defendió en el pasado y defenderá ahora”, en el caso de Lula.

“Los jueces no pueden ser acusadores”, sostiene el abogado, quien apunta que hay “una cuestión preocupante en Brasil y otros países de América Latina, que tienen viejos sistemas inquisitorios, en los cuales los fiscales y los jueces pueden arrestar sin fianza a una persona antes del juicio”.

Robertson citó que “organismos de derechos humanos dicen que en Brasil muchos mueren en las cárceles sin condenas, antes de que concluyan los juicios”, y afirma que “la única base para llevar a alguien a prisión antes de la condena sería la posibilidad de fuga o de que cometa otros delitos”.

El abogado criticó el sistema de cooperación judicial que se le ha ofrecido a muchos de los detenidos por el escándalo en Petrobras, que a cambio de confesiones y delaciones han logrado sustanciosas reducciones de sus penas.

En Brasil “las personas son detenidas indefinidamente hasta que confiesen”, pero “no son confiables, porque pueden decir lo que los fiscales quieren para salir de prisión, no porque sea la verdad”, sostuvo Robertson.

La presentación de la demanda ante la ONU coincidió con la divulgación de un informe de la Policía Federal brasileña, que alimenta aún más las sospechas que existen contra Lula en uno de los casos por los que se le investiga.

Según ese informe, la Policía dice haber comprobado que costosas reformas hechas en una finca situada en la localidad paulistana de Atibaia, cuya propiedad es atribuida al expresidente pese a estar en nombre de unos amigos, fueron “dirigidas” por Lula y su esposa Marisa Leticia, y estuvieron a cargo de constructoras implicadas en los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.

La residencia figura a nombre de dos empresarios muy allegados a Lula, pero las autoridades sospechan que el verdadero propietario es el expresidente, quien por ese motivo es investigado por ocultación de patrimonio, entre otros supuestos delitos.

Entre las reformas que se hicieron en la finca, figura la compra y equipamiento de una cocina que es muy similar a otra instalada en un apartamento de playa situado en el litoral de Sao Paulo que, de la misma forma, se sospecha que pudiera ser de Lula pese a que no aparece como propietario.

Tanto Lula como sus abogados han negado una y otra vez que fuera el dueño de esos inmuebles, aunque han admitido que, en el caso de la finca, tanto el expresidente como su familia solían frecuentarla invitados por los verdaderos propietarios.

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