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EFE

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva vio este lunes complicarse su situación jurídica por una nueva
denuncia de la fiscalía ante la Justicia por sospechas de corrupción.

El Ministerio Público Federal de Brasilia acusó a Lula
de cobrar sumas millonarias de la constructora Odebrecht a cambio de
haber favorecido a la empresa entre 2008 y 2015, en la recta final de su
gobierno y en los años posteriores.

Lula
tiene otros dos procesos abiertos en la Justicia común, en los que es
reo, por haber recibido supuestos pagos ilegales y favores de la
constructora OAS y por haber ofrecido dinero a cambio del silencio de
uno de los testigos que colaboran con las investigaciones de la
corrupción en la petrolera Petrobras.

El expresidente también
es investigado por el Tribunal Supremo en otro proceso paralelo, por su
supuesta participación en el escándalo de corrupción que giraba en torno
a Petrobras, por el q
ue han sido condenados varios ejecutivos de la
petrolera, políticos y directivos de las mayores constructoras del país,
implicadas en la trama.

La Fiscalía de Curitiba ha acusado a Lula
de ser el “comandante máximo” de la red de corrupción enquistada en la
petrolera, el escándalo de corrupción de mayor envergadura descubierto
en el país y que se apropió de miles de millones de dólares entre 2004 y
2014.

Después de hacerse pública la nueva denuncia, el abogado de Lula,
Cristiano Zanin Martins, afirmó hoy que el expresidente está siendo
sometido a una “persecución” jurídica que tiene el objetivo manifiesto
de impedirle que se presente a las elecciones presidenciales de 2018,
una posibilidad que él mismo ha insinuado.

Las nuevas denuncias se refieren al supuesto cobro de sobornos por parte de Lula,
a cambio de usar su influencia para que Odebrecht lograse financiación
pública del banco de fomento de Brasil, el BNDES, y para que se
adjudicase un contrato multimillonario en Angola.

El Ministerio Público Federal de Brasilia acusó a Lula
de los delitos de corrupción pasiva, tráfico de influencia, lavado de
dinero y asociación ilícita, con lo que si fuera juzgado y condenado por
estos cargos podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel.

Según la denuncia, la constructora pagó cerca de 30 millones de
reales (unos 9 millones de dólares) en diversos desembolsos a una
empresa recién fundada por un sobrino de la primera mujer de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos, que “no tenía ninguna experiencia previa en el ramo de ingeniería”.

Además Odebrecht contrató a Lula
para pronunciar discursos en diversos países después de que dejó la
Presidencia de Brasil en 2011, lo que, según la fiscalía, se trataba de
un medio para “escamotear el mecanismo de compraventa de la influencia”
que el exmandatario mantenía ante entes públicos brasileños y gobiernos
extranjeros.

El abogado de Lula
negó que el exmandatario tuviera cualquier interferencia en las
decisiones del banco de fomento y reiteró que los discursos que realizó
una vez que dejó la Presidencia, pagados por Odebrecht, eran legales y
estaban documentados.

Sobre las otras denuncias, el letrado anunció que la defensa de Lula
intentará impugnar al juez Sergio Moro, que ha centralizado las
denuncias de corrupción en Petrobras, y a los fiscales, por entender que
son parciales.

Martins acusó al juez Moro de haber “violado las garantías constitucionales” de Lula cuando el pasado marzo ordenó llevarle a la fuerza a una comisaría para someterle a un interrogatorio.

También recordó que, días después, el juez publicó una serie de conversaciones telefónicas entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, de familiares y de los abogados del exmandatario.

La defensa también cuestionó que la corte de Curitiba tenga jurisdicción para juzgar las denuncias contra Lula relativas al caso Petrobras, puesto que los supuestos ilícitos investigados habrían ocurrido en Sao Paulo.

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