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Zaida D. Arias M.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró este lunes preocupación ante la alta conflictividad política y social que vive el país, lo cual impedirá este año la cristalización del referendo revocatorio planteado por la Mesa de la Unidad Democrática contra la gestión del primer mandatario nacional; y menos aún la elección de gobernadores y legisladores regionales cuyo periodo de gestión está a seis meses de vencerse.
 
Este lunes, la vicepresidenta nacional de la tolda naranja, María Verdeal denunció de igual modo la negatividad del Consejo Nacional Electoral de darle cabida a la continuidad de los partidos políticos cuya legalización está en “jaque” por parte del organismo en referencia.
  
Sin titubeos, expuso la profesional del derecho que ”la dinámica política, de confrontación y violencia que se genera en las calles, nos lleva a escenarios inciertos. Los partidos políticos no se han podido legalizar por un reglamento, que quedó en veremos por parte del CNE, lo que ocasiona miles de trabas para el ejercicio político y están fijadas unas elecciones regionales de las que, seis meses antes, el organismo electoral debe publicar cronograma y hasta el momento, no tenemos ninguna de las tres cosas”.
 
Por tanto objetó la actitud de los entes del Estado que se encargan  de que nada de lo planteado políticamente se materialice, mientras que las expectativas de los venezolanos se diluyen entre el desabastecimiento de las medicinas, alimentos y el alto costo de la vida que está aniquilando cada día el bolsillo del pueblo. ”La dinámica política, de confrontación y violencia que se genera en las calles, nos lleva a escenarios inciertos”.
 
Igualmente en su intervención, emplazó al Defensor del Pueblo, Tareck William Saab a cumplir con las funciones establecidas en el reglamento de la Defensoría del Pueblo y en la Constitución Nacional, y salvaguardar los derechos fundamentales de los venezolanos, lo cuales denunció que han sido violentados por organismos de seguridad e instituciones, a través de la represión a la que someten a manifestantes, quienes reclaman comida y servicios públicos de calidad.

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