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El Ministerio Público determinó este martes que los dirigentes
políticos y estudiantiles de la Mesa de la Unidad citados el pasado lunes por
el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el estado Nueva
Esparta, no tienen averiguaciones abiertas.

El pasado lunes los alcaldes de
Mariño (Porlamar), Alfredo Díaz, y de Arismendi (La Asunción), Richard Fermín;
los concejales de Arismendi, Pedro Marcano y de García, Gabriel Alarcón; y el
dirigente estudiantil Pedro Morantes fueron citados por el Sebin para
comparecer ante ese organismo.

No obstante, los mencionados
acordaron no acudir ante el Sebin sino dirigirse al Ministerio Público. “Esta
decisión obedeció a que se trataba de una citación indeterminada, porque no se
señalaba en calidad de qué eran citados, si como testigos o imputados.
El único
que no se presentó fue el alcalde Fermín”, informó a Prensa Unidad Venezuela
Henry Jaspe, presidente de la Organización No Gubernamental Nueva Esparta en
Movimiento, dedicada a la defensa de los derechos humanos.

“Se determinó que era la mejor
opción, dado que el Ministerio Público es el titular de la acción penal – y el
Sebin un órgano auxiliar – y por tanto es el ente encargado para señalar si
efectivamente existe algún tipo de averiguación penal que involucre a estas
personas”, explicó el también abogado.

Agregó que el fiscal del MP les
informó que no existía investigación en su contra, “por lo cual se da por
subsanada la situación presentada por el Sebin”.

Jaspe denunció que en Nueva
Esparta, además de esas citaciones, se ha registrado en las últimas semanas una
serie de violaciones sistemáticas al estado de derecho, entre ellas, la
vulneración al debido proceso como ha ocurrido en el caso del director de
Reporte Confidencial, Braulio Jatar, y de las personas que “han sido sembradas
de supuestas evidencias en el caso de Villa Rosa”.

“Aunado a ello está la
movilización de la policía política, por lo que visualizamos la preconstitución
de un estado policial donde se violan los Derechos Humanos y con una actuación
desmedida por parte de los organismos de seguridad del Estado
”, dijo.

Persecución contra la disidencia

Con los sucesos registrados en
Nueva Esparta se amplía a los partidos Primero Justicia y Acción Democrática,
además de Voluntad Popular, todos integrantes de la Unidad Democrática, la
persecución emprendida por el gobierno contra miembros de la alianza partidista
opositora. Persecución que implica tanto detenciones como también amenazas y
amedrentamientos, las cuales se han incrementado en el último mes.

La dirigente nacional y
diputada de Voluntad Popular (VP), Adriana Pichardo, informó a Prensa Unidad
Venezuela que hasta la fecha existen nueve dirigentes de esa organización
política detenidos: Leopoldo López, Daniel Ceballos, Raúl Emilio Baduel,
Alexander Tirado, Gilberto Sojo, Rosmit Mantilla y Francisco Márquez, a los que
se sumaron el último mes Yon Goicoechea y Delson Guarate (alcalde de Mario
Briceño Irigorry, Aragua).

Además existen tres dirigentes
en el exilio: Darío Ramírez, Carlos Vecchio y Antonio Rivero, y tres más que
han sido amedrentados, citados o amenazados: el diputado Lester Toledo, y lo
alcaldes David Smolansky (El Hatillo, Caracas) y Warner Jiménez (Maturín,
Monagas).

La parlamentaria destacó que
luego de la marcha del 1° de septiembre, siete de los nueve detenidos han sido
cambiados de sitio de reclusión.

Asimismo, informó que una vez
que son detenidos pasan por lo menos 10 días hábiles, unos 15 consecutivos, sin
que se les permita tener contacto con sus familiares o abogados.

Tras las citaciones realizadas
por el Sebin este lunes en Nueva Esparta, para varios dirigentes de la Unidad
queda claro que la persecución no es solo contra líderes de Voluntad Popular,
dado que en la región insular fueron citados cuatro integrantes de Primero
Justicia – Richard Fermín, Pedro Morantes, Pedro Marcano y Gabriel Alarcón – y
uno de Acción Democrática, Alfredo Díaz.

Nota de prensa

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