Las detenciones arbitrarias a dirigentes y ciudadanos que se dirigían a la Gran Toma de Caracas, la violación al libre tránsito e incluso la misma amenaza de violar la inmunidad parlamentaria puede ser considerado como un delito imputable a otros funcionarios públicos y al Presidente de la República, afirmó el diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, Juan Miguel Matheus.
El parlamentario rechazó la intención del presidente Nicolás Maduro de pedir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantar la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores por tratarse de una tentación propia de los regímenes totalitarios. Si a Nicolás Maduro se le ocurre arremeter en contra de los diputados a la Asamblea Nacional encontrara a un pueblo firme dispuesto a defender el mandato de cambio del 6 de diciembre.
El ejercicio del derecho a la protesta pacífica no configura ningún delito que amerite una sentencia del TSJ. Anunciar un cronograma político de activismo ciudadano no significan que se pretenda derrocar por vías inconstitucionales al primer mandatario nacional, como el Gobierno pretende hacer ver, precisó.
El miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia señaló que manifestar pacíficamente no es un delito. Solo los regímenes totalitarios interpretan así a la disidencia política y se refieren a ese ejercicio como golpismo y violencia política.
Estas arbitrariedades sí comprometen la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 y último apartado del artículo 200 de la Constitución, sostuvo Matheus.
El Secretario Nacional de Doctrina de Primero Justicia reiteró que la violación de inmunidad parlamentaria es un delito que acarrea responsabilidades penales. Los funcionarios públicos que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley.
