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AFP

Nueve dirigentes mineros fueron enviados preventivamente a la cárcel, mientras otros 18 están prófugos por el asesinato de un viceministro boliviano a manos de mineros del sector cooperativo que previamente lo habían secuestrado y torturado, informaron este lunes fuentes judiciales.

Entre los prófugos figura el dirigente Josué Caricari, que había amenazado a través de varias radios con matar al viceministro Rodolfo Illanes, que estaba en poder de los mineros, atrincherados en las serranías de una ruta del altiplano boliviano.

“Ahora sí me va a conocer el viceministro. Si quieren matarme, que me maten junto a ese viceministro. Estoy yendo hasta la antena (lugar donde se hallaba secuestrado Illanes)”, dijo Caricari a radio Erbol, horas antes del asesinato de la autoridad. “Tenemos dos cajones (ataúdes), van a ser los dos que van (a estar) en los cajones. Hay un policía (edecán de Illanes) que está detenido”, añadió.

Caricari es presidente de la cooperativa Siglo XX, de Potosí (sudoeste), y actualmente está buscado por la justicia, según el abogado del Ministerio de Gobierno (Interior), Mauricio Gutiérrez.

El conflicto se originó porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.

El viceministro fue torturado y asesinado el jueves 25 de agosto por mineros con los que había ido a dialogar en busca de una solución a sus demandas.

El fiscal Boris Flores, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso, dijo que son 18 las personas buscadas por la justicia, pero evitó identificarlas. Una resolución del juez séptimo en lo penal de El Alto, menciona a Caricari entre los prófugos.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, que llamó a tomar vías bolivianas durante tres días, es uno de los detenidos.

A ellos se les acusa de “asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita, y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría”, según la fiscalía.

El sector minero cooperativo es aliado del gobierno del presidente Evo Morales, al igual que otros sectores sociales como campesinos, indígenas, cocaleros y transportistas.

Morales volvió a referirse al tema este lunes. “No podemos imponer alguna reivindicación bajo dinamitazo, bajo bloqueo, porque cuando hay razones todo el pueblo se suma apoyando y no se quedan solos”, señaló.

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