Este lunes, diversas activistas y organizaciones no gubernamentales ,entre ellas la
Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Fundana,
Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos de la
Mujer, Voces Vitales de Venezuela, y
Asosaber, que trabajan en favor de la
igualdad de género y los derechos de las mujeres introdujeron un documento ante
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuestas del Estado
venezolano frente a la aguda crisis de salud, que tienen un impacto
diferenciado sobre las mujeres.
En el documento, señalaron que la grave crisis de salud por la que
atraviesa Venezuela afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, el
derecho a la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el
embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación
familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad,
el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a no morir por causas
relacionadas con el VIH/SIDA, ante las cuales el Estado venezolano está
obligado a actuar en virtud de los marcos normativos nacionales e
internacionales en materia de derechos de las mujeres
Según el artículo 76 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Estado debe garantizar asistencia y protección integral a la maternidad,
lo que en la práctica no está ocurriendo, dada la grave escasez de insumos
médicos y medicamentos básicos como vitaminas para mujeres embarazadas, y el
colapso de la infraestructura de salud.
Existen reportes que indican que las
mujeres deben recorrer hasta cinco establecimientos de salud antes de ser
recibidas para dar a luz. Las cifras de mortalidad materna se mantienen altas y
en incremento desde 2013, cuando se ubicaba en 406 para ese año. El 2014 cerró con una cifra de 432 muertes
maternas por cada 100 mil nacidos vivos reportados.
Los activistas también exigieron la
acción del Estado ante el aumento de las ya altas tasas de embarazo adolescente
(la más alta de América Latina), y las consecuencias de salud como bajo peso al
nacer, desnutrición y otros, exacerbados por la crisis; la aguda escasez de
medicinas, insumos médicos y atención oportunas para el cáncer de mama; y la
ausencia de datos e información sobre la relación entre el virus del Zika y las
mujeres embarazadas en riesgo de tener bebés con microcefalia.
Mediante este documento, las organizaciones y activistas firmantes
se suman a la causa interpuesta el pasado 23 de mayo por las organizaciones
Provea, Cepaz, Codevida, Acción Solidaria, SenosSalud, Funcamama, Convite y
Transparencia Venezuela ante la Sala Constitucional del TSJ demandando la
protección del derecho a la vida y a la salud de los/as venezolanos/as en
virtud de la aguda escasez de medicamentos e insumos médicos, y solicitando la
cooperación internacional en el marco de los derechos humanos.
Con información de Nota de Prensa.
