EFE
El Comité de la ONU sobre
los Derechos de las Personas Discapacitadas pidió este lunes a Colombia adoptar
políticas de rehabilitación e inclusión social de discapacitados que hayan sido
víctimas del conflicto armado.
Ello particularmente en el caso de las personas que hayan adquirido
discapacidades psicosociales como consecuencia de ese contexto de violencia.
Estas recomendaciones figuran en las observaciones finales publicadas por el
Comité tras examinar el informe del Gobierno colombiano sobre cómo aplica la
Convención que establece los derechos específicos de los discapacitados a nivel
internacional.
En el capítulo sobre el «Derecho a la vida», el órgano de la ONU considera
preocupante que en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se haya dado prioridad al
enfoque de discapacidad en relación con las víctimas, y que se carezca de
estadísticas fiables de víctimas con discapacidad.
Por estas razones, se pide a las autoridades de Colombia que se incluyan la
perspectiva de discapacidad en todos sus programas a favor de las víctimas del
conflicto, con un acento especial en el caso de mujeres y niñas.
«Al Comité le preocupan los altos niveles de violencia que han afectado
significativamente a mujeres y niñas con discapacidad, tanto civiles como
excombatientes, discapacitadas desplazadas, o víctimas de minas antipersonal o
del paramilitarismo», señala el informe.
En esa línea, se pide identificar a quienes han sido víctimas de violencia
sexual, así como que se investigue y enjuicie en tribunales civiles a los
responsables, sean militares o miembros de grupos de autodenfensa.
De otro lado, el Comité plantea a Colombia medidas para prevenir el abandono,
maltrato y la institucionalización de niños con discapacidad, incluso en el
caso de los que están internados por orden del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Recomienda que, a cambio, se desarrollen servicios basados en la comunidad y en
apoyo a las familias, en particular cuando están encabezadas por madres
solteras, para que los niños puedan gozar de su derecho a tener una vida
familiar.