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Este 1 y 2 de noviembre Venezuela se someterá por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU), un proceso del Sistema de Naciones Unidas que examina el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones relativas a los derechos humanos.

En este examen se analizan los informes de cada país acerca de la situación de los derechos humanos y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los países en exámenes anteriores. Los informes que se analizan son tres: el realizado por el Estado venezolano, el de la Defensoría del Pueblo y el elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, los cuales abordan la situación de los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales.

 Los Estados miembros de la ONU pueden realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la situación de los derechos humanos en un determinado país, en este caso a Venezuela, y el Estado venezolano puede aceptarlas o anotarlas para su revisión posterior, y está en la obligación de cumplirlas. Rechazarlas no es una opción, según la metodología del examen.

En el año 2011, cuando se realizó el último EPU, dentro de las recomendaciones realizadas a Venezuela el Estado aceptó tres sobre el derecho a la alimentación, referidas a agilizar la implementación de medidas y políticas para la reducción de la pobreza, erradicación de la malnutrición y seguridad alimentaria; continuar aplicando políticas públicas para la erradicación de la pobreza extrema y la hambruna; y desarrollar políticas y programas orientados a garantizar el derecho a la alimentación.

 En el campo del derecho a la salud, en 2011 hubo cinco recomendaciones para Venezuela: reforzar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal a través del incremento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como facilitar la calidad y las instalaciones para la salud de la mujer; revisar la política de salud materna e introducir los cambios necesarios para garantizar el acceso de las embarazadas a los centros médicos en todo el país; continuar el mejoramiento y la expansión de los servicios de salud que fueron concebidos para la atención primaria de las personas y así prevenir y combatir enfermedades; implementar políticas y programas para garantizar el derecho a la salud y seguir apoyando aquellos que hubieran mostrado éxito.

Sin embargo, ante estas recomendaciones dadas hace 5 años, el Estado venezolano ha adoptado medidas regresivas que han comprometido severamente el derecho a la salud y a la alimentación y ha ignorado la realidad del país, caracterizada por una gran escasez de insumos médicos, medicamentos y alimentos.

La infraestructura hospitalaria se encuentra sumamente deteriorada y los pacientes deben enfrentar situaciones injustificables como la falta de agua, de electricidad e incluso de camas. Además, el aumento en la mortalidad materna y neonatal es una clara evidencia del limitado acceso a los servicios de salud y de la inadecuada nutrición de las madres venezolanas.

Las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia de alimentación han promovido el agravamiento del ya deteriorado acceso a los alimentos, pues la inflación, las continuas amenazas al sector privado y la implementación de políticas de distribución de alimentos basadas en la orientación política de las personas, no permiten el acceso de todos los venezolanos a los alimentos, ni siquiera los básicos, para cubrir sus necesidades. Como consecuencia, la conflictividad se ha incrementado por la escasez de alimentos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado 4.725 protestas entre enero y agosto de 2016 por derechos económicos y sociales, y estados fronterizos como Zulia y Táchira reportan cada vez más un aumento de detenciones e irregularidades en el proceso de la adquisición de alimentos.

La comunidad internacional ha dado seguimiento a lo que sucede en Venezuela. A través de las comunicaciones realizadas en los años 2014, 2015 y 2016, el Relator para el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y el Relator para la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, han expresado su preocupación por el desabastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al Estado venezolano a adoptar medidas de políticas públicas destinadas a mejorar el grave desabastecimiento de medicamentos, garantizando el derecho a la salud y considerando las condiciones especiales de las personas.

Ante la presentación del país, por segunda vez, del Examen Periódico Universal, el Observatorio Venezolano de la Salud exhorta al Estado venezolano a aceptar y reconocer la situación existente, y a trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos de expertos técnicos, para solventar de manera pronta y eficiente la grave situación en la cual se encuentra Venezuela en las áreas de la salud, alimentación y nutrición.

Nota de Prensa

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